CARTA ABIERTA FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS 29 DE SARAGURO

El proceder de la mal llamada Justicia de nuestro país ha dado libre curso a la criminalización de luchadores/as sociales y comunitarios, de manera particular los procesos judiciales que la Fiscalía ha llevado en contra de 29 compañeros y compañeras de Saraguro, quienes en su legítimo derecho de movilizarse pacíficamente en contra de las prácticas extractivistas que afectan sus territorios han sido violentados, apresados y posteriormente judicializados de forma ilegítima, ilegal y arbitraria.

La actuación de las autoridades judiciales que, basándose en testimonios falsos y pruebas tergiversadas, dictaminan sentencias injustas y desproporcionadas, que solamente se explican en el marco de la discriminación y el racismo.

Los casos de Luisa Lozano y Amable Angamarca, quienes el pasado 30 de mayo fueron sentenciados injustamente a la pena de 4 años de prisión por el supuesto delito de paralización de servicios públicos, son dos ejemplos remarcables.

Esta sentencia ha sido dictaminada sin tener en cuenta los testimonios de los acusados y pasando por alto el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, en donde se expresa:

“Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Frente a esta situación, planteamos:

1. Exigencia de reconocimiento a la justicia indígena que declaró la inocencia de los compañeros y compañeras judicializados, al amparo de la norma constitucional.

2. Que se realice la debida investigación de los hechos ocurridos el 17 de agosto de 2015, tomando en cuenta los testimonios de la comunidad Saragura y las evidencias (fotos y videos), donde aparecen policías y militares ingresando a las casas de Saraguro de forma violenta e ilegítima dejando a decenas de personas heridas incluyendo niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. 3. El cuestionamiento a la falta de independencia de la función judicial, cuyos operadores están subordinados a las órdenes del ejecutivo para disciplinar a la población y suprimir la protesta social. Censurar a los jueces que tomaron esa arbitraria sentencia, pues en vez de ser los garantes de los derechos de los acusados y del debido proceso, se han hecho cómplices de una injusticia patente.

4. Solidaridad con las/los luchadores sociales que están siendo procesados ilegal y abusivamente por el Estado ecuatoriano; apoyo a sus familiares y amigos.

5. Solidaridad con el pueblo de Saraguro, que sigue levantando su voz para proclamar el derecho a resistir y a defender su territorio y su cultura.

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