Por una Ley que prohíba la minería contaminante a cielo abierto, nuclear y radioactiva, que afecta al derecho humano a vivir en un ambiente no contaminado y con acceso al agua limpia, nace el proyecto NO A LA MINA que intenta concientizar a la mayor cantidad de personas de que se debe revisar el modelo de explotación de los recursos y las normas en exceso permisivas que logran impactar profundamente en los ecosistemas y sus comunidades; especialmente en países donde existen pueblos en lucha como Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Venezuela según manifiesta la promoción del material discográfico.
El lanzamiento del disco NO A LA MINA donde participan Manu Chao La Ventura, Eduardo Galeano, La Renga, Lisandro Aristimuño, Jauría, Adolfo Pérez Esquivel, y muchos referentes más de América Latina, Europa y Oceanía fue realizado días atrás en el Festival Mastai en Buenos Aires, Argentina.
Recordemos que en Ecuador varias comunidades se mantienen en pie de lucha por la erradicación o por que no se implementen proyectos de megaminería a cielo abierto que afectan el Buen Vivir; en el caso de Ecuador existen ejemplos muy claros en las provincias de Zamora (con el proyecto Mirador) y en Intag (provincia de Imbabura), que son parte de la lucha de muchos pueblos a lo largo y ancho de América y el mundo con quienes comparten esta resistencia.
Este disco es un paso más del proyecto NO A LA MINA, que continuará realizando actividades de concientización y difusión para la preservación y defensa del agua pura como derecho humano inalienable de las generaciones presentes y futuras, denunciando los proyectos mineros que atentan contra estos derechos. Defender el agua es defender la vida. Este proyecto discográfico es a total y exclusivo beneficio de actividades relacionadas con No a la Mina.
¡Si podemos!
¡Por el agua, por la vida, de frente a la mega minería a luchar nos llama la canción!
Canadá es reconocido mundialmente por sus bellezas naturales y su fama de país “verde”. Esta reputación ha beneficiado la imagen de las mineras canadienses en el exterior, la publicidad de Ecuacorriente, por ejemplo, ofrece “inversión y experiencia canadienses y estándares ambientales iguales a los de su país de origen”; lo que usualmente no se contempla es que, aún en Canadá, hay una compleja historia de conflictos ambientales vinculados a la minería.
Las denuncias sobre los abusos cometidos por empresas canadienses en África y recogidas en el libro Noir Canada (Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África) son de suma gravedad: destrucción ambiental, envenenamiento de poblaciones enteras, corrupción, mafias económicas, expropiación brutal, financiamiento a señores de la guerra, entre otros alegatos que provienen de numerosas fuentes, desde informes de la ONU, documentos oficiales de varios gobiernos, informes de ONGs reconocidas internacionalmente, artículos de prensa nacional e internacional, libros, documentales, investigadores académicos y africanistas de prestigio.
En una entrevista a uno de los autores, William Sacher, realizada por Emma Gascó (Diagonal) podemos rescatar algunas de las posiciones por las cuales el colectivo al que Sacher ha sido demandado por once millones de dólares.
DIAGONAL: ¿Cuáles son las principales acusaciones que pesan contra las mineras canadienses?
WILLIAM SACHER: Se les acusa de destrucción de ecosistemas, envenenamiento de poblaciones, corrupción, evasión fiscal, expropiaciones brutales -hasta mortales- de pueblos que se encuentran en los yacimientos, de mineros artesanales. Se les acusa de intimidación o complicidad en la intimidación y asesinato de quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestras investigaciones, al principio de la guerra en el Congo; varias mineras canadienses financiaron a los grupos armados iniciales.
D.: ¿Por qué se considera a Canadá un paraíso judicial para las empresas mineras?
W.S.: La bolsa de Toronto es el centro neurálgico de la minería canadiense y del 60% a escala mundial. Canadá es una especie de plataforma privilegiada para desarrollar proyectos mineros alrededor del mundo. De entrada, las reglas permiten la especulación, y las empresas apenas pagan impuestos. Además, el Gobierno canadiense permite la conexión de las mineras con los paraísos fiscales, lo que facilita la evasión fiscal de las ganancias.
D.: ¿Cuál es la situación medioambiental en Canadá en relación al modelo minero?
W.S.: Las consecuencias de la extracción intensiva a lo largo del siglo XX son catastróficas en términos de contaminación. Existen actualmente diez mil minas abandonadas que amenazan de manera permanente el ecosistema. Ni una sola ha sido cerrada de manera ‘aceptable’ según criterios medioambientales. Además, Canadá sigue siendo uno de los mayores productores de uranio. A esto se añade el despojo al que han sido sometido los pueblos indígenas. Todavía hay más de 600 pueblos indígenas, que viven en las regiones más remotas donde potencialmente se encuentran los yacimientos que quedan.
Los Gobiernos del Sur pregonan el discurso de que la minería canadiense practica los mejores estándares, y que van a poder desarrollar una minería sostenible. Pero no es posible. Si ésta es la minería que se practica con los mejores estándares, ¿cuál se va a dar en los países del Sur donde a veces hay muy poco control institucional?
La desinformación es grande pues en Canadá hay tres o cuatro grandes grupos mediáticos que controlan la prensa del país y que están totalmente vinculados con las empresas mineras.
D.: ¿Qué focos de resistencia a la megaminería están más activos en la actualidad?
W.S.: Pese a lo diferente del contexto, hay bastantes similitudes en cuanto a los obstáculos que vive la resistencia antiminera en Canadá y en Latinoamérica, en el sentido de la criminalización de la protesta, con acusaciones de terrorismo, por ejemplo.
Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Este contexto de conflictividad contribuye a la criminalización de las luchas socio-ambientales y a la violación de los derechos pues son repetitivas la falta de generación de procesos de consulta a las comunidades, son desalojadas de las tierras reclamadas por las empresas y éstas últimas contaminan los recursos de las comunidades como son el agua y la tierra, de los que dependen para su vida.
Junín. Pobladores increpan a funcionarios de ENAMI EP
Reproducción solicitada por moradores de Intag. (Imbabura). Tal como lo preveían representantes de organizaciones y gobiernos locales de Intag, la presencia de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) fue rechazada en su intento de arrancar la exploración en la concesión minera denominada Llurimagua, mundialmente conocida por el nombre de la comunidad cercana: Junín, en la zona de Intag.
En en esta comunidad, días atras (agosto 20), y por unanimidad de sus habitantes la ENAMI EP (Empresa Nacional Minera) fue expulsada. Hombres, mujeres y niños, rechazaron categóricamente la presencia de la empresa estatal, y de manera firme y decidida les exigieron que se retiren de la comunidad, advirtiendo que no serán bienvenidos en otra ocasión.
Esto a raíz de que la ENAMI EP realizara una serie de reuniones en diversas comunidades de Intag. Sus objetivos eran socializar el proyecto Llurimagua, la ley minera, la “minería del siglo 21”, el proceso de obtención de licencia ambiental, resultados de las encuestas de percepción realizada, entre otros.
ENAMI EP en el mes de junio del presente año realizó, mediante los servicios de la empresa de publicidad MARURI COMUNICACIONES, una “encuesta de percepciones” sobre la minería en Intag. Dicha encuesta se aplicó a una muestra menor que el 1% de la población. Sin embargo, fue suficiente para que la empresa estatal organizara las charlas sin contar con el conocimiento de gobiernos locales ni cabildos. La encuesta además procuró información sobre necesidades básicas insatisfechas de la población, datos que ya han sido ampliamente identificados y socializados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquiales y cantonales, por tanto no se comprende la intencionalidad misma de la encuesta. Incluso se cuestiona al deficiente metodología empleada. Esto motivó en primera instancia el rechazo de las autoridades locales, quienes manifestaron su malestar por la arbitrariedad y falta de transparencia que demuestra la empresa pública, y se lo plantearon directamente a los funcionarios de la empresa en estos días.
En las reuniones mantenidas se evidenció el nulo interés de la gente en permitir el avance de la minería. La tónica principal fue el reclamo por la poca transparencia y la información tergiversada e incompleta que presentó la ENAMI EP y sobre todo, la desconfianza que existe por el proceso mismo de socialización y consulta.
En este último año, empresas públicas e instituciones del Estado han engañado a la población y procedido de manera irregular para obtener licencias ambientales. Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Manduriaco de la empresa pública Hidroequinoccio, CELEC y el constructor Odebrecht. Así también la obtención de la licencia ambiental para exploración minera avanzada en la concesión Mandariyacu con intervención de la estatal chilena CODELCO. En ambos casos la población participó de procesos de consulta que no sirvieron para que sus inquietudes sean recogidas por las autoridades y mucho menos que las inconsistencias y vacíos de los estudios ambientales sean subsanados. Por el contrario, luego del “show” de audiencia pública, en tiempo récord y violando la constitución y las leyes, se otorgo sendas licencias ambientales. La participación de la gente a su parecer, fue para cumplir un mero formalismo, tomar la foto y brindar un sánduche y una cola.
El proceso de la ENAMI EP no parece ser diferente, pues sus funcionarios, mas de 25, no dieron respuestas satisfactorias en temas fundamentales como la participación de la CODELCO en este proyecto, pese a que existen documentos oficiales que indican la entrega de estas áreas a la empresa chilena. Tampoco fueron claros sobre el proceso de consulta previa que deben realizar. Así mismo, no respondieron sobre las medidas que el Estado debería tomar ante las irregularidades que cometen las mineras que explotan actualmente en Intag como la Cementos Selva Alegre de la transnacional La Farge, la marmolera CECAL o la mina de oro de Agroindustrial El Corazón. La población cuestionó que si no pueden dar soluciones a esos problemas, como pueden hablar de minería responsable y abrir un nuevo frente de conflicto.
Fue evidente que los funcionarios de ENAMI EP nunca imaginaron el nivel de conciencia e información actualizada de la gente de Intag. Los impactos de la minería en los niveles ambientales, sociales y económicos no son un misterio para la población y el guión que repiten los funcionarios de ENAMI es rápidamente desvirtuado con ejemplos reales y conceptos irrefutables que la gente maneja luego de 15 años de resistir y enfrentar al Estado y las corporaciones mineras.
García Moreno. Lideresa comunitaria expone su oposición a la minería en Intag
Al buen entendedor pocas palabras. ¿Estará ENAMI EP y el Gobierno en capacidad de comprender que en Intag las posibilidades de obtener una licencia social son prácticamente nulas? Es probable que las presiones del Gobierno central por obtener recursos y los compromisos internacionales adquiridos, le obligue a continuar en este intento, y esperemos que esto no signifique un intento de militarizar la región, con consecuencias imprevisibles para el Gobierno, la sociedad y el país.
Habitantes de Junín increpan a representantes de la ENAMI en Ecuador.
Las autoridades están usando el sistema judicial de Ecuador para reprimir a los líderes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado para evitar que protesten contra las medidas que afectan a su medio ambiente y a sus tierras, ha señalado Amnistía Internacional días atrás en un informe.
El informe “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? examina las historias de 24 líderes que han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias y rigurosas condiciones de fianza simplemente por hacer campaña contra las leyes y las políticas que regulan el uso de los recursos naturales.
Se enfrentan a un total de 20 cargos por terrorismo, 10 por sabotaje, 4 por obstrucción de vías y 1 por homicidio, todos ellos relacionados con protestas que tuvieron lugar en 2009 y 2010. En muchos casos, las detenciones y los cargos han sido desestimados por los jueces al carecer de fundamentos. Sin embargo, en el momento de redactar esta nota, 8 de los 24 están todavía siendo investigados, tienen procesos judiciales abiertos o se encuentran sujetos a restricciones. En este momento, ninguno se encuentra en prisión.
“El hecho de que 24 líderes se enfrentaran a cargos dudosos en un periodo de 18 meses demuestra la existencia de un panorama preocupante, que está teniendo un efecto escalofriante sobre comunidades enteras que ahora se lo piensan dos veces antes de expresar su legítimas preocupaciones acerca de las medidas que les afectan”, ha declarado Tamaryn Nelson, investigadora para Ecuador en Amnistía Internacional.
“En vez de entablar un diálogo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades cuyos medios de vida se verán afectados por las leyes y políticas propuestas por el gobierno, las autoridades están echando mano de cualquier herramienta para disuadirlas de expresar su desacuerdo.”
Muchos líderes fueron detenidos en intentos policiales de dispersar a los manifestantes. Otros han vivido durante años con la amenaza de la detención pendiendo sobre sus cabezas, porque se han emitido órdenes de detención, pero no se han ejecutado. En algunos casos, se han impuesto condiciones de fianza que los obligan a presentarse ante las autoridades, generalmente cada 7 o 15 días, y les prohíben viajar al extranjero.
Ecuador es el 5º productor de crudo en América Latina y estos proyectos han tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos que han dado lugar a conflictos con las comunidades locales. El gobierno ha anunciado recientemente su intención de llevar la minera en gran escala a Ecuador, lo que ha provocado más conflictos con las comunidades locales.
En junio de 2010, los líderes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca fueron acusados de terrorismo tras participar en una protesta durante la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y se abrió una investigación. Según los informes recibidos, los únicos indicios contra los activistas son un par de esposas extraviadas que un oficial de policía informó haber perdido. En el momento de redactar esta nota, los dos activistas llevan sometidos a investigación por un delito de terrorismo durante casi 2 años.
Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de mantener el orden público y de investigar cualquier delito que se haya podido cometer en el contexto de una protesta. Sin embargo, demasiado a menudo los líderes indígenas y campesinos se han visto sometidos a investigaciones y procesos judiciales sin fundamento, lo que plantea la duda de si estos actos responden a motivos políticos.
“La política del gobierno de continuar impulsando cambios sin llevar a cabo una consulta adecuada con las comunidades afectadas tiene el riesgo de situar a Ecuador en una dinámica de continuo conflicto social”, ha afirmado Nelson.
El Estado tiene la obligación de consultar adecuadamente con las comunidades afectadas antes de adoptar medidas que afecten a sus derechos humanos. Es más, donde haya novedades significativas relativas a proyectos que afecten a los medios de vida de los pueblos indígenas, el Estado debe garantizar el derecho de éstos a dar su consentimiento libre, previo e informado.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de Ecuador para que garanticen que cualesquiera leyes, políticas y medidas potenciales que afecten a comunidades pasen por un proceso de consulta con esas comunidades antes de que se tome una decisión. Además, la organización insta a Ecuador a que promueva, proteja y respete el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Para ello, debe cesar en su uso inadecuado del sistema judicial contra los líderes indígenas y campesinos para disuadirlos de que expresen sus legítimas preocupaciones y demandas.
Los proyectos de minería de gran escala han suscitado procesos de resistencia social en los pueblos de toda la región andina y amazónica en denuncia de los impactos sociales, económicos y ambientales que acarrean.
La minería de gran escala afecta radicalmente los ecosistemas y la vida cotidiana de las comunidades cercanas, e implica la propiación de grandes cantidades de agua por parte de las empresas mineras.
Las zonas de mayor potencial minero en el Ecuador son a su vez territorios indígenas y campesinos, áreas protegidas de alta biodiversidad y fuentes naturales de recolección de agua.
El film documental "A cielo abierto, Derechos Minados" denuncia sobre la incursión minera en el país, los planes existentes de imponer la minería a gran escala y las consecuencias que tiene sobre la vida de los habitantes de las tierras a explotarse y sobre la naturaleza. Podemos ver a los grupos e individuos que se opusieron a la Ley de Minería en Ecuador y a su rápida aprobación y visibiliza también el comportamiento de las transnacionales frente a las comunidades afectadas. Pocho Álvarez (Director), logra encontrar a un Ecuador que lucha por sus derechos en los rostros y voces de los ecuatorianos afectados.
RESEÑA
A finales de 2008 y comienzos de 2009 la inminente y rápida aprobación de la Ley de Minería, inflamó la voz de protesta de los pueblos y comunidades de la cordillera andina del Ecuador equinoccial. Mujeres y hombres del campo levantaron la voz para denunciar la “ambicia minera” que busca despellejar la cordillera. Ciudadanos de Íntag en Imbabura; El Pangui, Chuchumbletza y Tundayme, en Zamora Chinchipe; Limón, Indanza, Warintz, en Morona Santiago y Victoria del Portete y Tarqui, en Azuay reconstruyen con su testimonio la historia de la lucha por el agua, por la tierra, por la vida. Allí, no solo están los argumentos de la resistencia contra la pretendida explotación minera a gran escala, están también las denuncias sobre el oscuro proceder de las empresas transnacionales, su patrón de conducta velado y violento, una constante que amenaza y atropella a la vida, los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos afectados por la presencia de las transnacionales mineras.
En este contexto, y con el objetivo de otorgar más elementos de análisis a la ciudadanía, el colectivo LA RESISTENCIA, presentará este documental la tarde hoy, en coordinación con MAAC Cine y 8 y medio.
Lugar: Maac Cine Guayaquil, Malecón y Loja, Malecón 2000. Abril 4: 17 horas.
El cine es también una herramienta para crear conciencia y generar reflexión. Este es el objetivo del nuevo proyecto del colectivo LA RESISTENCIA a través del espacio "Cine-Foro Barricada" una alternativa para mostrar cine de contexto social y derechos humanos, que es realizado en conjunto con Ocho & Medio - Maac Cine y que está incluída dentro de la programación a partir del mes de abril en las salas del Maac Cine.
Liliana, una de las coordinadoras de este proyecto manifiesta que "es necesario contar con elementos para analizar temas puntuales como las decisiones del gobierno para explotar nuestros recursos naturales, y la resistencia social y posible vulneración a los derechos humanos alrededor de estos proyectos".
Las dos primeras producciones que serán presentadas en el mes de abril son films ecuatorianos:
1era Fecha: 4 de abril 17H00:
A CIELO ABIERTO, DERECHOS MINADOS
Pocho Álvarez W. Ecuador, 2009.
“¡Tenemos papas, tenemos maíz, no queremos oro para nuestro país!”. A finales de 2008 y comienzos de 2009 la inminente y rápida aprobación de la Ley de Minería inflamó la voz de protesta de los pueblos y comunidades de la cordillera Andina. Mujeres y hombres, ciudadanos de Íntag en Imbabura; El Pangui, Chuchumbletza y Tundayme, en Zamora Chinchipe; Limón, Indanza, Warintz, en Morona Santiago y Victoria del Portete y Tarqui, en Azuay reconstruyen con su testimonio la historia de la lucha por el agua, por la tierra, por la vida. Allí, no solo están los argumentos de la resistencia contra la pretendida explotación minera a gran escala, están también las denuncias sobre el oscuro proceder de las empresas transnacionales, su patrón de conducta velado y violento, una constante que amenaza y atropella a la vida, los derechos humanos y colectivos de las comunidades y pueblos afectados por la presencia de las transnacionales mineras.
2da Fecha: 25 de abril 17H00:
TÓXICO TEXACO TÓXICO
Pocho Álvarez W. Ecuador, 2007.El Chernobyl amazónico, como han calificado muchos expertos a la huella de Texaco en la Amazonía Norte del Ecuador, se mantiene latente en la tierra y sus entrañas, en el alma de los yayas. Memoria viva de un calendario oscuro, el paso de Texaco cambió para siempre la vida de la selva y sus habitantes. Más de 600 mil barriles de desechos tóxicos fueron arrojados en las entrañas de la selva, más de 1200 piscinas de desechos contaminaron con “agua de producción”, el suelo y los ríos de una vasta extensión de tierra verde. Las comunidades ancestrales, junto a la arcilla de la vida, guardan en la memoria de los tiempos el rastro dejado por la febril época de la explotación petrolera de Texaco.
"Cine-Foro Barricada" una alternativa para mostrar cine de contexto social y de derechos humanos.
Lugar: Maac Cine Guayaquil, Malecón y Loja, Malecón 2000.
Invitamos a los medios de comunicación, a los diferentes colectivos de todo el país, a documentalistas y a la ciudadanía en general a ser parte de este ciclo de Cine – Foro “Barricada” en las instalaciones del Maac Cine.
¡VEN GRATIS AL CINE, INFÓRMATE Y MANIFIESTA TU POSTURA!
8 mujeres ecuatorianas que se encontraban realizando una "toma pacífica" de la Embajada de China fueron detenidas en Quito minutos atrás luego de que la policía antimotines llegara al lugar les leyeran sus derechos y les anunciaran que estaban detenidas en territorio chino, según manifiestan Reporteros Populares de Ecuador.
Las mujeres formaban parte de un grupo más grande que estaba realizando una protesta pacífica en el lugar debido a la anunciada firma del primer contrato de megaminería en Ecuador que se realizaría la tarde de hoy 5 de marzo.
La firma del contrato ocurriría a días de la anunciada Marcha por el agua, por la Vida y por la Dignidad de los Pueblos lo que es considerado por grupos ambientalistas como una "provocación del Gobierno".
Decenas de activistas se dirigen a protestar a la Policía Judicial donde se realizará una audiencia con las detenidas, acto que según Reporteros Populares ocurrió sin que haya existido un pedido expreso de las autoridades chinas, y aunque su anuncio de detención habría sido en territorio chino, quienes levantarán los cargos según se ha anunciado sería la Fiscalía de Ecuador. Así anuncia la cuenta de Guardianes del Yasuní en Facebook: "Las compañeras declaran que fueron maltratadas y que al momento se encuentran al interior de la PJ. Se pretende acusarlas por "Delito Flagrante" por parte del fiscal de oficio, pese a que la embajada no quiere presentar cargos, el cargo que presentaría el fiscal es por "Allanamiento de Morada".
El documento que las detenidas entregaron al embajador de China en Ecuador durante la toma pacífica de la embajada es el siguiente:
Quito, 5 de Marzo de 2012
Sr.
Yuan Guisen
Embajador de China en el Ecuador
Av. Atahualpa y Amazonas
Quito
Las organizaciones, colectivos y personas que suscribimos esta Petición manifestamos a Usted que la Cordillera del Cóndor, territorio entregado como concesión a la empresa ECSA (Ecuacorriente) para la ejecución del proyecto Mirador es una de las zonas de más rica biodiversidad y culturas del Ecuador, lo que afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza
Rechazamos la firma del contrato anunciado y por ello nos declaramos en ocupación no violenta de la Embajada China.
INFORMAMOS QUE
La Constitución del Ecuador garantiza los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos y de Pueblos Indígenas, los que están siendo violentados con la firma del contrato.
La firma del contrato significa una interferencia en la política nacional debido a que existe un conflicto entre los pueblos y comunidades de los territorios concesionados y el gobierno nacional.
DENUNCIAMOS a los pueblos de Ecuador y China los actos ilegales e ilegítimos que pretenden consagrarse con la firma de este contrato:
Que el gobierno ecuatoriano ha decidido firmar el contrato minero sin que se haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental ni la Licencia Ambiental y sin el Consentimiento de las Comunidades y Pueblos Indígenas, requisitos indispensables para toda empresa minera.
El incumplimiento del Mandato Minero emitido por la Constituyente, que establece la reversión de las concesiones mineras por falta de consulta, por encontrarse en áreas protegidas, por afectar fuentes y nacientes de agua, entre otras.
DEMANDAMOS:
Comunicar a las autoridades del Ecuador de este rechazo.
Instar a la empresa Ecuacorriente S.A abstenerse de firmar el contrato.
Que el gobierno Chino investigue a sus empresas por la criminalización que propician, desconociendo los derechos de las comunidades y pueblos del Ecuador e incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el país.
Que se abstenga de utilizar cualquier tipo de arbitraje o mecanismos de presión, pretendiendo argucias legales para afectar la soberanía del país.
Resaltamos que después de esta acción no se podrá argumentar el desconocimiento del conflicto, las ilegalidades e irregularidades en relación a la suscripción de este contrato.
Por organizaciones ecologistas, de derechos humanos, de mujeres.
El boletín de prensa 614 del mes de junio del 2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, que cita que "delegados del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y directivos de InvestEcuador..., concluyeron con una visita en Sudáfrica (y) cumplieron una agenda con empresas mineras como Mponeng, propiedad de AngloGold Ashanti" sonaría de primera mano como una noticia interesante para quienes defienden la Minería a Gran Escala en el Ecuador; sobre todo, si al seguir leyendo la noticia podemos encontrar que : " El Viceministro, Federico Auquilla aseguró que (durante) la visita de la delegación ecuatoriana “hemos identificado soluciones tecnológicas para la minería mediana y artesanal así como para la reducción de los impactos ambientales en los procesos mineros a pequeña, mediana y gran escala”. Esto antes de mencionar nuevamente a AngloGold Ashanti y otras 21 empresas del sector.
Sin embargo al momento de realizar cruce de información, resulta que sólo meses atrás, dicha compañia había sido galardonada con el "desprestigioso" Premio "Ojo Público" 2011 como la "Peor Empresa del Mundo", por su responsabilidad en el envenenamiento de tierras y ríos en sus procesos de extracción de oro en Ghana. Durante la entrega de los premios, el Director de la Asociación de Víctimas del Envenenamiento de Ghana, Owusu Koranteng, , denunció que AngloGold/Ashanti no ha hecho nada para evitar los recurrentes vertidos de substancias tóxicas, que han contaminado las fuentes de agua potable de vastas regiones; y que varias personas han sido víctimas de tortura a manos de agentes de seguridad empleados de la minera.
Mientras tanto en la vecina Colombia; donde AngloGold/Ashanti tiene presencia con el proyecto de la mina de oro La Colosa en Cajamarca (en la región andina), el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina describe que : "Organizaciones internacionales han documentado el compromiso de la AngloGold Ashantí (AGA) con estructuras armadas y crímenes ejecutados en diferentes países, a fin de garantizar su ingreso y el desarrollo de explotaciones en gran escala. Diferentes denuncias de organizaciones sociales y de Derechos Humanos (DDHH) en Colombia han demostrado que la situación en el país, especialmente en el Sur de Bolívar, parece responder a patrones similares."
El boletín del MRECI (Ecuador) finaliza anunciando la "buena noticia" de que en este último semestre mediante visitas sudafricanas al país se avanzaría "en el orden comercial" con las empresas del sector.
Las votaciones de los premios "Ojo Público" reunieron más de 50,000 personas quienes votaron online y marcan un contrapunto crítico al encuentro anual del Foro Económico Mundial in Davos. Es organizado desde el año 2000 por la Declaración de Berna, y Amigos de la Tierra (en el 2009 reemplazada por Greenpeace), Los Premios "Ojo Público" recuerdan a las corporaciones del mundo que sus omisiones en materia social y ambiental tienen consecuencias para la gente afectada y sus territorios pero también para la reputación del ofensor.
