Canadá es reconocido mundialmente por sus bellezas naturales y su fama de país “verde”. Esta reputación ha beneficiado la imagen de las mineras canadienses en el exterior, la publicidad de Ecuacorriente, por ejemplo, ofrece “inversión y experiencia canadienses y estándares ambientales iguales a los de su país de origen”; lo que usualmente no se contempla es que, aún en Canadá, hay una compleja historia de conflictos ambientales vinculados a la minería.
Las denuncias sobre los abusos cometidos por empresas canadienses en África y recogidas en el libro Noir Canada (Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África) son de suma gravedad: destrucción ambiental, envenenamiento de poblaciones enteras, corrupción, mafias económicas, expropiación brutal, financiamiento a señores de la guerra, entre otros alegatos que provienen de numerosas fuentes, desde informes de la ONU, documentos oficiales de varios gobiernos, informes de ONGs reconocidas internacionalmente, artículos de prensa nacional e internacional, libros, documentales, investigadores académicos y africanistas de prestigio.
En una entrevista a uno de los autores, William Sacher, realizada por Emma Gascó (Diagonal) podemos rescatar algunas de las posiciones por las cuales el colectivo al que Sacher ha sido demandado por once millones de dólares.
DIAGONAL: ¿Cuáles son las principales acusaciones que pesan contra las mineras canadienses?
- WILLIAM SACHER: Se les acusa de destrucción de ecosistemas, envenenamiento de poblaciones, corrupción, evasión fiscal, expropiaciones brutales -hasta mortales- de pueblos que se encuentran en los yacimientos, de mineros artesanales. Se les acusa de intimidación o complicidad en la intimidación y asesinato de quienes se oponen a la actividad minera. Según nuestras investigaciones, al principio de la guerra en el Congo; varias mineras canadienses financiaron a los grupos armados iniciales.
D.: ¿Por qué se considera a Canadá un paraíso judicial para las empresas mineras?
- W.S.: La bolsa de Toronto es el centro neurálgico de la minería canadiense y del 60% a escala mundial. Canadá es una especie de plataforma privilegiada para desarrollar proyectos mineros alrededor del mundo. De entrada, las reglas permiten la especulación, y las empresas apenas pagan impuestos. Además, el Gobierno canadiense permite la conexión de las mineras con los paraísos fiscales, lo que facilita la evasión fiscal de las ganancias.
D.: ¿Cuál es la situación medioambiental en Canadá en relación al modelo minero?
- W.S.: Las consecuencias de la extracción intensiva a lo largo del siglo XX son catastróficas en términos de contaminación. Existen actualmente diez mil minas abandonadas que amenazan de manera permanente el ecosistema. Ni una sola ha sido cerrada de manera ‘aceptable’ según criterios medioambientales. Además, Canadá sigue siendo uno de los mayores productores de uranio. A esto se añade el despojo al que han sido sometido los pueblos indígenas. Todavía hay más de 600 pueblos indígenas, que viven en las regiones más remotas donde potencialmente se encuentran los yacimientos que quedan.
Los Gobiernos del Sur pregonan el discurso de que la minería canadiense practica los mejores estándares, y que van a poder desarrollar una minería sostenible. Pero no es posible. Si ésta es la minería que se practica con los mejores estándares, ¿cuál se va a dar en los países del Sur donde a veces hay muy poco control institucional?
La desinformación es grande pues en Canadá hay tres o cuatro grandes grupos mediáticos que controlan la prensa del país y que están totalmente vinculados con las empresas mineras.
D.: ¿Qué focos de resistencia a la megaminería están más activos en la actualidad?
- W.S.: Pese a lo diferente del contexto, hay bastantes similitudes en cuanto a los obstáculos que vive la resistencia antiminera en Canadá y en Latinoamérica, en el sentido de la criminalización de la protesta, con acusaciones de terrorismo, por ejemplo.
Actualmente, no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades: México, varios países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 conflictos activos que involucran a más de 150 comunidades afectadas a lo largo de toda la región. Este contexto de conflictividad contribuye a la criminalización de las luchas socio-ambientales y a la violación de los derechos pues son repetitivas la falta de generación de procesos de consulta a las comunidades, son desalojadas de las tierras reclamadas por las empresas y éstas últimas contaminan los recursos de las comunidades como son el agua y la tierra, de los que dependen para su vida.
Principales fuentes:
Fosas para quemar residuos. 