Articulos por "ronda petrolera"

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Publicado originalmente : Dic. 2/2011
Republicado: Feb. 19/2013

Organizaciones, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas del continente, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, amadores de la vida, que se reunieron meses atrás en Cuenca de Guapondelig (ciudad cañari) para defender el agua y la Pachamama y luego de intercambiar experiencias, reflexionar, debatir y construir propuestas que ayuden a  guiar un mejor andar por la Vida acordaron y con el objetivo de compartirlo con todas las personas del mundo la siguiente DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS DE ABYA YALA POR EL AGUA Y LA PACHAMAMA.


CONSIDERANDO:
  • La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza.
  • Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
  • Que el extractivismo profundiza el modelo patriarcal capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones. 
  • Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
  • Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay
  • Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida. 
  • Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.
  • Que Obispos de nuestro continente, asumiéndose como Profetas de la Vida instaron con firmeza que en las intervenciones sobre la naturaleza "no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras..."
  • Que la Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e institucionales para ejercer el derecho humano a la Comunicación desde un estado plurinacional.
DECLARAMOS:
  • A nuestra Abya Yala libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación.
  • A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
  • Nuestra oposición a la expansión de las fronteras petroleras, a la construcción de refinerías y complejos petroquímicos.
RATIFICAMOS:
  • La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente declaramos el 11 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
  • Nuestro apoyo a los pueblos afectados por la explotación petrolera, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la "civilización" petrolera, por la civilización del Sumak kawsay
  • La gestión comunitaria y pública del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza y de las comunidades.
  • La importancia y el valor de los conocimientos y saberes ancestrales, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.
  • Que la Iniciativa Yasuní es una propuesta concreta a nivel global contra la crisis climática, para salvar a los pueblos libres que han recreado los bosques y salvaguardar una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Condenamos la intención de explotar el Yasuní conocida como Plan B.
EXIGIMOS:

  • La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.
  • El cese de la explotación minera y de la ampliación de la explotación petrolera y minera, sobre todo la de gran escala, en nuestro continente. Que se restauren los sitios afectados por petróleo, minería y se devuelva su vocación natural.
  • El Derecho de los Pueblos indígenas y comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios. 
  • La Consulta Previa, Libre e Informada como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada. 
  • Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de derechos humanos y de la naturaleza. 
  • Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza. 
  • La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.
  • Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios 
  • Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza. 
  • Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.

NOS COMPROMETEMOS A:

  • Defender la vida y organizar la resistencia mediante todos los tipos de lucha (movilizaciones, denuncias públicas, etc.).
  • Constituir una plataforma legal para levantar acciones y denuncias ante organismos nacionales e internacionales contra las compañías mineras, causantes de la depredación y violación de derechos.
  • Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan la explotación petrolera y minera, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
  • Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida. 
  • Entregar nuestro apoyo al pueblo Kichwa de Sarayacu en su proceso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Respaldamos su plan de vida Kawsay Sacha
  • Sostener la solidaridad y respeto con los Pueblos Amazónicos cuya tenacidad y testimonio vivo de las atrocidades cometidas por la Texaco/Chevron ha logrado sentencia favorable. Estaremos vigilantes para que la sentencia se efectivice
  • Respaldar a las comunidades Montubias de Río Grande en la Provincia de Manabí, para que se salvaguarde su integridad; la fuerza pública debe abandonar el territorio de estas comunidades.
  • Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.) 
  • Conformar comisiones (con colectivos de afectados y organizaciones de apoyo), para la vigilancia del derecho al debido proceso de las personas criminalizadas por el Estado y/o empresas por defender sus derechos y los de las comunidades.
  • Solicitar desde las organizaciones sociales la visita in situ al Ecuador de la Relatoría sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. 
  • Crear un sistema informativo para que las comunidades afectadas por los megaproyectos cuenten con información sobre sus impactos, sus derechos y mecanismos de exigibilidad.
  • Impulsar el Sumak kawsay en las comunidades urbanas: formas de organización social, vivienda, comunicación, alimentación, transporte y energía limpia.
  • Impulsar espacios de formación popular, construir alianzas con maestras/os para que integren en el proceso educativo, información, exposiciones, charlas, conferencias, talleres itinerantes, etc. que generen conciencia y promuevan el Sumak Kawsay.
  • Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones.

Nube de contaminación en China.
FOTO: NASA
La creciente contaminación en la China es ya fácilmente observable desde el espacio.

Una gigantesca nube contaminante que afecta a 12 provincias de China es visible a través de los satélites de la NASA y ha afectado desde hace varios días a la transportación, además de un gran crecimiento en la venta de mascarillas.

Esta inmensa nube hizo que desde la semana anterior salten las alarmas por los niveles de contaminación en Beijing, donde los niveles han estado por varios días muy por encima de los considerados peligrosos para la salud humana, hasta en el doble del límite de partículas contaminantes que la Organización Mundial de la Salud ha determinado como nocivo para la salud humana.

Por este motivo fueron suspendidas todas las actividades deportivas al aire libre según las normativas vigentes.

Aunque estas índices alcanzaron niveles inusualmente altos en algunas de las provincias afectadas en los últimos días, lo cierto que en la capital de China son más habituales, especialmente bajo condiciones como falta de viento y densa humedad; situaciones que son agravadas por el aumento del uso de carbón para combatir las temperaturas invernales, a la creciente actividad industrial y tráfico vehicular.

La densidad de partículas de 2,5 micrones de diámetro (PM 2,5), las más peligrosas, superaron en ciertas zonas el límite de 993 microgramos por metro cúbico, según el centro de vigilancia medioambiental de la capital china. Las PM 2,5 pueden penetrar hasta en los alvéolos pulmonares y emigrar a la sangre.

Esta situación ha obligado a las autoridades chinas a implementar el plan de emergencia para combatir la contaminación, entre las que constan: la suspensión de operaciones de 58 empresas altamente contaminantes, la obligatoria reducción del 30% de las emisiones contaminantes a otras 41 y la paralización de 28 grandes obras en Pekín.

Desde diversos espacios en redes sociales, blogs y otros han ido en aumento las críticas al desenfrenado ritmo de crecimiento económico del país. Estas críticas están comenzando a ser receptadas por otros medios tradicionales como el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista chino el cual días atrás publicó un titular que sentenciaba: “Construir un China hermosa empieza por respirar de manera sana”

Otros medios como el China Daily han calificado de “saludable” el debate sobre esta cuestión. “En pleno proceso de urbanización rápida, es urgente que China reflexione sobre la manera de llevar este proceso sin que la calidad de vida urbana se vea comprometida por un medioambiente cada vez más deteriorado”, mencionó el diario.

China, la cual es la segunda potencia económica del planeta y el primer mercado mundial del automóvil, ve amenazado su medioambiente por sus numerosas industrias contaminantes, su tráfico por carretera en constante expansión y su lentitud a la hora de proteger los ecosistemas. Un 70% de su energía proviene de la combustión del carbón, lo que hace de China el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero. Ecuador debe más de 3,000 millones de dólares a la China en préstamos relacionados al petróleo.


Según Greenpeace, durante el 2012 los altos niveles de contaminación del aire causaron unas ocho mil 500 muertes prematuras en Beijing, Shanghái, Cantón y Xian.

Fuentes: Terra Noticias/NOAA/El Comercio.



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Martin Cúneo / Lago Agrio (Ecuador) Publicado en Diagonal
La justicia ecuatoriana obliga a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares. Y la argentina embarga todos sus bienes. El fin del “juicio del siglo” está más cerca.
En un proceso inédito en el mundo, en enero de 2012 la justicia ecuatoriana confirmaba la sentencia emitida un año antes: la petrolera Chevron-Texaco es culpable de haber arrojado millones de toneladas de material tóxico a la selva amazónica y debe pagar una factura de 19,2 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia de las indemnizaciones judiciales. Los abogados de los 30.000 indígenas y campesinos que forman la Asamblea de Afectados por Texaco no tardaron en iniciar los trámites para cobrar el dinero. Pero no en Ecuador, donde la compañía estadounidense hace tiempo que retiró sus activos, sino en Canadá, Brasil, Colombia y Argentina.
Fue en este último país donde el trámite dio sus primeros resultados. El 7 de noviembre la justicia argentina decretaba el embargo de todos los activos de la compañía. Una noticia que no ha gustado especialmente a los inversores: la novena petrolera más grande del mundo empezaba el mes de diciembre con fuertes caídas en bolsa. El primer paso para reparar uno de los mayores vertidos tóxicos de la historia ya está dado.
Texaco vertió durante 28 años las aguas de formación, un líquido altamente tóxico extraido junto al petróleo, directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. / Foto: Edu León
 El primer barril de petróleo
El 27 de junio de 1972, el primer barril de petróleo de la Amazonía ecuatoriana llegaba a Quito, donde era recibido con todos los honores de un jefe de Estado. Acomodado sobre una almohadilla, encima de un tanque, el cortejo avanza hasta el templete del Colegio Militar, en medio de un desfile multitudinario. A los lados de las calles se agolpaban los quiteños que daban la bienvenida a una nueva “era de prosperidad”, según la voz nasal del Noticiero Nacional.
Cuarenta años después, la región desde donde fue extraído el petróleo que llenó aquel barril es la más pobre de Ecuador. Y la que presenta mayores índices de cáncer de todo el país. El aire huele a gasolina, la tierra huele a gasolina, el agua huele a gasolina.
En una cafetería del centro de Lago Agrio, la capital de esta región petrolera, Hermenegildo Criollo nos cuenta el primer encuentro con la Texaco. Criollo había nacido en la comunidad cofán de Dureno. Tiene suficiente edad para acordarse. Los ríos que rodean la aldea proporcionaban agua para beber y pesca en abundancia. Los bosques, animales para cazar y medicinas naturales.
Llegaron con helicópteros. “Todo el mundo estaba asustado, en nuestra vida habíamos visto algo así, volando por el aire, y nos escondimos en la selva”. Era 1964. Texaco empezaba a levantar la infraestructura del primer pozo, Lago Agrio I. “Fuimos caminando y vimos cinco hectáreas de bosque talado. Ellos nos llamaron para que nos acercáramos allí”. En aquellos años no hablaban una palabra de castellano, cuenta Criollo. Mucho menos de inglés. Les dieron tres platos, algo de comida y cuatro cucharas. Ése fue el único pago que recibieron a cambio de centenares de miles de hectáreas.
A los pocos días, los cofanes advirtieron un cambio en el ruido que venía de las máquinas. La compañía empezaba a perforar. Una mañana en la orilla del río, muy cerca de la comunidad, apareció una gran mancha negra.
—¿Qué es esto? ¿De dónde viene?— dijeron en la comunidad. Ni los mayores ni los chamanes habían visto en sus días un derrame de petróleo.
“Ni sabíamos qué era el petróleo”, dice Hermenegildo Criollo. Los derrames y los vertidos tóxicos terminaban fluyendo hacia el río que utilizaban los cofanes para beber, para bañarse, para regar sus cultivos, donde bebían los animales. “Movíamos hacia los lados el petróleo y tomábamos el agua de abajo. No sabíamos que el agua estaba contaminada”, dice Criollo.
“Y entonces empezaron los dolores de estómago, los dolores de cabeza. Nos bañábamos en el río y todo el cuerpo quedaba con sarpullidos. Eran enfermedades que nunca habíamos visto”. Su primer hijo falleció con seis meses por problemas de crecimiento. El segundo nació sano, pero las cosas no tardaron en torcerse. “Cuando tenía tres años, ya podía nadar y caminar. Yo lo llevé un día al río. Y el niño, mientras se bañaba, tomó agua contaminada. Cuando llegó a la casa empezó a vomitar. Terminó vomitando sangre. Antes de 24 horas falleció. Dos hijos. Desde ahí yo dije ¿qué puedo hacer, cómo podemos defendernos de las enfermedades que vienen de todos lados?”.
El caso de la comunidad de Dureno no era aislado. Cuando  Texaco abandonó Ecuador en 1992, olvidó llevarse 60,5 millones de litros de petróleo que había derramado en el ecosistema amazónico y 68 mil millones de litros de aguas tóxicas que había vertido en los ríos. Por no hablar de los 235 mil millones de pies cúbicos de gas que había quemado al aire libre.Un desastre ambiental y social solo comparable con los más grandes de la historia: Chernóbil, el derrame del golfo de México, Bophal o el Exxon Valdez. Aunque en este caso no se trató de un accidente, sino de una acción deliberada para ahorrar gastos, tal como determinó la sentencia del juicio.
La Texaco arrojaba los desechos 
 tóxicos
 relacionados 
 con la prospección petrolera
 en 
piscinas al aire libre. 
 Cuando llovía las 
piscinas descargaban el material tóxico
 en los ríos. 
 En toda la región hay cerca de
 mil piscinas como ésta. 
 / Foto: Edu León



Indígenas y colonos
Una de los principales obstáculos para hacer frente a la Texaco era la desconfianza entre los dos principales grupos de afectados por la contaminación: los pueblos indígenas y los colonos, pobladores de la sierra ecuatoriana que habían llegado a la región en busca de trabajo a medida que la Texaco ganaba terreno a la selva.
Humberto Piaguaje pertenece al pueblo secoya. Apenas quedan 445 miembros de su cultura milenaria, acechada por los vertidos y los cambios forzados en su forma de vida. “Fue un proceso de construcción bien difícil al inicio”, dice. Recuerda cuando Luis Yanza, uno de los primeros líderes de los colonos, empezaba a convocar reuniones: “La gente decía: ‘Chuta, ¿cómo nos vamos a unir con los colonizadores? Si ellos también vinieron a destruir nuestra selva”. Las orillas del río, de donde obtenían el agua y la pesca, estaban constantemente enfangadas de petróleo. Las enfermedades, para las que no tenían cura, diezmaban la población, ponían al borde de la extinción sus costumbres, su lengua, sus relatos y creencias.
“Nosotros nos sentíamos muy solos frente a esto. Pero dijimos: ‘no, pues, tenemos que luchar más allá de todo eso, tenemos que enfrentar uniéndonos todos. A pesar de haber tantos conflictos, de no conocer la cultura, de hablar otros idiomas, hicimos el Frente de Defensa de la Amazonía”, dice Humberto Piaguaje.
Años después, en 2001, la organización se amplió con la creación de la Asamblea de Afectados por la Texaco. Hoy Piaguaje ejerce como subcoordinador legal de esta organización que reúne a 30.000 indígenas y colonos. El objetivo principal de la Asamblea se convirtió en conseguir a través de los tribunales justicia y reparación de todo el daño ambiental y social producido por la Texaco en su 28 años de actividad petrolera.
Pablo Fajardo empezó a trabajar en el caso
 cuando le faltaba un año para terminar
 la carrera de Derecho. 
Poco después se convertía en el principal 
abogado de los afectados
 enfrentado a un equipo de letrados
 con décadas de experiencia
 y un presupuesto millonario / Foto: Edu León

“El juicio del siglo”

En 1993, un grupo de abogados, colonos e indígenas ya habían iniciado una demanda en Nueva York contra la Texaco. Pero el juicio fue bloqueado sistemáticamente por el millonario equipo de abogados de la compañía. El principal argumento de la petrolera era que el juicio debería realizarse en Ecuador. “Texaco consideraba que acá la justicia es muy corrupta y podían comprar a los jueces con cualquier centavo”, explica Alejandra Almeida, de Acción Ecológica. En 2002, la Texaco conseguía su objetivo: el juicio de Nueva York era trasladado a Ecuador.
Pero las cosas no salieron como esperaba la compañía, dice Almeida: “Ellos no contaron con que la movilización iba a estar vigilante todo el tiempo y eso iba a presionar a los jueces para que no se puedan vender. Teniendo ahí cientos y cientos de indígenas a la puerta de la Corte a ningún juez se le va a ocurrir hacer alguna barbaridadEn Ecuador los juicios se ganan en las calles. Con eso no contaba Texaco”. Los medios de comunicación empezaron a hablar del “juicio del siglo”.
El 23 de junio de 2003 se inició el proceso contra la Chevron-Texaco en Lago Agrio. Como ayudante de los abogados que representaban a los 30.000 afectados figuraba un joven llamado Pablo Fajardo. Había nacido en una familia humilde de colonos. Estaba a punto de terminar sus estudios de Derecho a distancia.
“Yo estaba asistiendo a dos abogados de Quito muy prestigiosos. Uno vivía en EE UU, otro en Quito, pero se enfermó durante el juicio. Y en 2005 me tocó asumir el juicio a mí. Yo entonces llevaba apenas un año de ser abogado. Frente a mí estaban ocho abogados de Chevron. El que menos tenía 25 años de experiencia”, cuenta Pablo Fajardo en su despacho de Lago Agrio. Más de dos habitaciones enteras son necesarias para almacenar todo el material del juicio: 230.000 hojas que recogen los testimonios de los afectados, los análisis sobre el terreno y los datos de 18 años de litigio.

El final de “una guerra de 50 años”

Es difícil imaginar un juicio más desigual. Desde el inicio del proceso, Chevron ha gastado más de mil millones de dólares en abogados y peritajes. “Nosotros hemos tenido que ir rebuscando hasta el último centavo para seguir en esta batalla. Y no solo esta diferencia es considerable, sino que ellos tienen recursos para manipular cualquier información, para comprar Gobiernos, para sobornar a periodistas, tienen dinero suficiente para manejar el mundo entero”, dice Fajardo.
Estas diferencias y su inexperiencia como letrado no parecieron ser un obstáculo frente a los abogados de la Chevron-Texaco. Le respaldaba una evidencia de contaminación que la propia empresa no se molestó en negar en ningún momento. A lo sumo, intentó matizar su alcance.
Entre 2003 y 2010, el juicio avanzaba sin buenas perspectivas para la multinacional. Su equipo de abogados no dejó de probar ninguna táctica. Primero intentó impugnar el juicio porque la Asamblea de Afectados era un “asociación criminal” dedicada a extorsionar a la compañía. Luego intentó que el juicio volviera a Estados Unidos porque en Ecuador ya no se daban las condiciones para un proceso justo.
No funcionó. La presión fuera de los juzgados era constante. Al igual que las marchas a Quito, apoyadas por grupos ecologistas, la confederación indígena de la Amazonía y la confederación indígena de todo Ecuador. También fueron constantes las asambleas masivas, las tomas de la Procuraduría General de la República y las guardias de vigilancia, todas las horas del días, todos los días del año, para impedir contactos indeseados entre los representantes de la empresa y los jueces.

Una salida colectiva

El 14 de febrero de 2011, la justicia ecuatoriana por fin emitió un fallo. Y lo repitió en enero de 2012: Chevron-Texaco era culpable. Debía pagar 19,2 mil millones de dólares, la indemnización más alta de la historia de la humanidad. Pero los afectados no pensaban convertirse en millonarios rodeados de contaminación y miseria. Los 30.000 demandantes determinaron que el dinero no se iba a repartir individualmente sino de forma colectiva. La mayoría de la indemnización servirá para la reparación ambiental. El resto, para hospitales, escuelas, suministro de agua potable y otras inversiones para el desarrollo de la región.
Ahora sólo falta cobrar el dinero, algo que no es sencillo, ya que Chevron no tiene activos en Ecuador. “Tenemos que obligar con la ley a que Chevron pague por el crimen cometido. Allí donde haya activos de Chevron iremos”, dice Pablo Fajardo. La justicia argentina ha sido la primera en acceder al reclamo ecuatoriano. Pero será necesario acudir a más países para completar la reparación. Canadá, Brasil y Colombia son algunos de los países donde continuará la lucha por compensar el daño provocado por la Texaco entre 1964 y 1992.
Independientemente de lo que ocurra con la indemnización, el juicio ya es “histórico”, dice Fajardo. Para este abogado, este proceso no sólo afecta a Chevron, a los demandantes y a la Amazonía. “Lo que está en juego es todo un sistema empresarial que por décadas ha cometido enormes crímenes con total impunidad en América Latina, en África, Asia y en todas partes del mundo. Este juicio puede cambiar las reglas del juego”, dice.
Pablo Fajardo habla de una “guerra de casi 50 años” en la Amazonía ecuatoriana. Los primeros 28 años fueron una “masacre constante” de Texaco, 28 años en los que estuvo “bombardeando con tóxicos” el aire, el agua, la tierra, la selva. “Los últimos 18 años hemos ido reaccionando poco a poco y hemos podido enfrentar a este poder real. Hasta hace pocos años atrás, la gente en Ecuador y en el mundo pensaba que era imposible que un grupo de indígenas, de campesinos, de gente pobre, de un país ‘tercermundista’ pueda enfrentar a una empresa poderosa como Chevron. Estamos demostrando que es posible y que se puede hacer, que es posible ir mucho más allá, que se pueden cambiar las cosas, que no son intocables, que ellos no son invencibles”.

Una de las activistas entregó el dossier
 a Leticia Ortiz sobre los impactos de Repsol
en el Parque Nacional Yasuní. Foto: Beno Bonilla

Durante la visita que días atrás por motivo del Foro Empresarial Hispano-Ecuatoriano, evento al que asistieron los Príncipes de Asturias y varios representantes de la petrolera Repsol, un grupo de activistas pro derechos humanos entregaron a los Príncipes de España, en su visita al centro de Quito, un dossier con cartografías y documentación diversa relativas a las actividades de Repsol en Ecuador. La entrega del dossier fue acompañada de una protesta en la que el grupo de activistas coreó lemas como "Repsol Mata", por la sistemática afectación del medio ambiente y la violación de derechos humanos de los habitantes del Yasuní por parte de la petrolera.


Repsol opera en el Parque Nacional Yasuní desde el año 2000, y participó también en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, lo que para Amanda Ruales, portavoz del grupo, ha generado “una enorme deuda social y ecológica, por parte de Repsol, con Ecuador y sus pueblos indígenas a cuenta de los impactos que se verifican en su entorno, salud y su cultura”. Repsol desarrolla su actividad, tanto sobre territorio ancestral waorani, como sobre el territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y ha recibido incontables denuncias por violación de derechos humanos, como las reiteradas sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos contra las actividades de la transnacional.

Además, la compañía petrolera ostenta la soberanía del territorio sobre el Bloque 16, territorio en que opera, denegando a discreción la entrada de personas que quieren acceder al bloque. Amanda Ruales declara que “la empresa impide veedurías de su actividad. Por ejemplo, en 2007 fue expulsada de territorio waorani una comisión ecuatoriana e internacional que contaba con la invitación de las comunidades y la autorización del propio Ministro del Ambiente”. Para el grupo pro derechos humanos, esta situación ocasiona que la población que vive en el Bloque 16 sea, en los hechos, propiedad de Repsol.

Este mismo año fue denunciada tanto en España como en Ecuador la subvención concedida por la Agencia Española de Cooperación a la Fundación Repsol en Ecuador. La subvención implica, según los activistas, "la legitimación por parte del Estado español de las dudosas actividades de Repsol en Ecuador". La protesta por dicha subvención llegó hasta el Congreso de los Diputados de España con una batería de preguntas y una proposición no de ley, que está en la actualidad en fase de debate.




Reproducción solicitada.


Los entrevistados provienen de realidades diversas pero marcada por una característica común: su apuesta por la defensa de los derechos de la naturaleza.


Reunidos con Decio Machado estuvieron conjuntamente: la científica, escritora y activista social Vandana Shiva proveniente de la India que visitó recientemente el Ecuador; el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) -estructura amazónica de la CONAIE-, Franco Viteri, activista contra la explotación petrolera en su comunidad de Sarayacu; y el economista, académico e intelectual Alberto Acosta, recientemente elegido como candidato único de las izquierdas para los comicios presidenciales que tendrán lugar en Ecuador el próximo mes de febrero.

  • -(DM) Vandana, recientemente visitaste por invitación oficial al Parque Nacional Yasuní, considerado como la región de mayor diversidad biológica del mundo. ¿Cuáles son tus sensaciones tras ese viaje?

-(VS) No conocía el Yasuní, agradezco de todo corazón a la secretaria de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT, Ivonne Baki, y al gobierno ecuatoriano su invitación, lo que me ha permitido poder vivir esta maravillosa experiencia.

Básicamente hay tres cosas muy importantes de las que puedo hablar tras volver de allá: primero, la enorme riqueza en materia de biodiversidad existente en el Parque Yasuni; en segundo lugar, el profundo sentido de pureza sagrada que uno siente al estar allí; y por último, la diversidad y multipiclidad de vida existente en esta zona protegida.

Le agradezco enormemente al pueblo ecuatoriano haber imaginado y generado un proyecto de estas características. La Iniciativa Yasuní-ITT no es solo un proyecto que debe ser defendido por las comunidades indígenas afectadas, las organizaciones ambientales o el conjunto de la sociedad ecutoriana, es un proyecto vital para todo el planeta.

  • -(DM) Franco, tu acabas de llegar del Parque Natural Yasuní por una ruta diferente a la utilizada por Vandana en su visita. ¿Cómo ves la situación en la que se encuentra el Yasuní en estos momentos?

-(FV) En efecto, acabo de llegar del Yasuni, y debo confesar que vengo mucho más preocupado que antes de viajar para allá. Aunque teníamos información de las actividades en la construcción de infraestructura petrolera que se está realizando en el Bloque 31 y alrededor del parque, una vez allí debo indicarte que el Plan B del gobierno, es decir la lógica que se encamina a la extracción del petróleo en el ITT, está avanzando en el Yasuni. El discurso oficial a nivel internacional es bonito y seductor, el gobierno de Correa dice defender a la naturaleza, el medio ambiente y a los pueblos indígenas, sin embargo la realidad dista mucho del mensaje propagandístico.

  • -(DM) Alberto, tu eres uno de los impulsores de esta propuesta. ¿Cuéntanos básicamente que es la Iniciativa Yasuní-ITT?

-(AA) Hablamos de una propuesta que supera las visiones sectoriales e incluso la visión nacional. La iniciativa busca mantener el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de recursos financieros de la comunidad mundial, propuesta con la que en el año 2007, el Ecuador sorprendió al mundo.

Dicha iniciativa no tiene padre ni gerente alguno, recoge las propuestas de varias personas y organizaciones de la sociedad civil acumuladas en el tiempo, es el producto de un largo proceso de resistencias y luchas de los pueblos indígenas y los colonos de la Amazonía, así como de muchas personas que, desde otras regiones del país, acompañamos consecuentes este proceso.

La Iniciativa Yasuní-ITT constituye un punto de ruptura en la historia ambiental. Supera la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, desarrollándose como un paso vigoroso para cuestionar la lógica del desarrollo extractivista, a la par que una opción para construir globalmente el buen vivir, entendido este como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. El proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos libres en aislamiento voluntario que todavía habitan en ese territorio amazónico.

  • -(DM) Vandana, ¿te parece viable en el mundo de hoy, sometido al poder de las transnacionales petroleras, la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo que conlleva la Iniciativa Yasuní-ITT?

-(VS) Al contrario que el Ecuador, la India es un país inmensamente poblado pero en el que aún dejamos espacio para la subsistencia de los animales que consideramos sagrados en nuestra cultura.

En un mundo interdependiente como en el que habitamos en la actualidad, hemos desarrollado desde la segunda mitad del pasado siglo el concepto de "aldea global" en referencia a la manera en que las nuevas tecnologías de la comunicación han transformando nuestra idea de distancia y nuestra relación con lugares y sociedades lejanas del mundo. Debo indicar que el Yasuní es el corazón de nuestra "aldea global". Hablar del Yasuní es hablar de algo que va mucho más allá del manejo de parques naturales o de la conservación de la vida animal. Hablar de la Iniciativa Yasuní-ITT es hablar del reconocimiento que hace la Constitución del Ecuador a la Madre Tierra.

En este sentido vale la pena matizar que la Madre Tierra merece de todos nuestros respetos. No somos nosotros los que le damos derechos a la Madre Tierra, es la Madre Tierra la que nos proporciona derechos a nosotros.

La Constitución del Ecuador a través del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ha dado respuesta a más de 500 años de explotación salvaje de los recursos naturales existentes en nuestra naturaleza. La colonización de nuestras tierras se desarrolló sobre el sacrificio de los pueblos autóctonos, de los pueblos indígenas. A partir de ahí se desarrolló la colonización de la naturaleza, de las comunidades indígenas, de las mujeres, de la cultura y del futuro. Todo ello está interrelacionado.

Por lo tanto, en consonancia con la Constitución del Ecuador, la Iniciativa Yasuní-ITT debe seguir adelante, y por lo tanto también, el petróleo existente en su subsuelo del ITT debe mantenerse en él. Trabajaremos firmes para que dicha propuesta tenga éxito a nivel internacional.

Hablar sobre los derechos de la naturaleza, implica hablar sobre la Iniciativa Yasuni-ITT, hablar sobre la descolonización de la naturaleza, y dejar de pensar en la naturaleza como algo que esta muerto. En el mundo globalizado de hoy y ante la depredación a la que está sometido el planeta, estamos obligados a pensar en la descolonización de los pueblos indígenas, la descolonización de la naturaleza y de las mujeres. Debemos descolonizar el futuro, debemos dejar de pensar egoístamente bajo el criterio de que queremos todo para el momento de hoy y empezar a pensar seriamente en las generaciones futuras y en la viabilidad del planeta.

Para mi conocer el Yasuni no fue solo una experiencia sagrada. El Yasuní se convirtió para mi en una universidad de la naturaleza y de la vida, algo que requiere la necesidad de pensar de una forma diferente. Cada cosa que necesitamos, es la naturaleza quien nos la da. Más allá del número de reptiles y pajaros existentes en el Yasuní, estamos hablando de la interconectividad de la vida. El Yasuni representa en realidad la riqueza de la vida frente a la sociedad de consumo y la riqueza material.

  • -(DM) Franco, el gobierno ecuatoriano promueve para el próximo mes de octubre la Onceava Ronda Petrolera a través de la cual se licitarán al menos doce nuevos bloques petroleros del centro y sur oriente del país. ¿No te parece una contradicción el planteamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT con respecto a la afectación ambiental que tendrá en territorio amazónico esta nueva ampliación de la frontera petrolera?

-(FV) Cierto, vivimos efectivamente en una contradicción. Mientras se esboza un discurso ecologista en los ámbitos internacionales, el gobierno del presidente Rafael Correa ha lanzado la XI Ronda Petrolera. Pero primero de hablar de esto, quiero matizar algunas cuestiones al respecto de la Iniciativa Yasuní-ITT.

Dejar el crudo en el subsuelo del Yasuní es una iniciativa gubernamental que ha sido el fruto de la presión de los pueblos indígenas. Tenemos como objetivo en este aspecto, hacer entender a los diferentes pueblos de este mundo que debe dejar de practicar el colonialismo sobre nuestras comunidades.

Si bien en algún momento logramos actuar juntos para la defensa de la Iniciativa Yasuni-ITT, ¿qué nos asegura hoy que los fondos recaudados por esta iniciativa que llegaran al Ecuador no serán utilizados para seguir profundizando una lógica depredadora que irrespeta la naturaleza y a los pueblos indígenas? El actuar cotidiano del gobierno ecuatoriano nos genera muchas dudas e inquietudes en este sentido.

Para nosotros no es tan importante el dinero que se pueda recaudar a través de la Iniciativa Yasuni-ITT como lo es la defensa de la vida. Es desde esa perspectiva, como entendemos la propuesta revolucionaria que se encarna en la Iniciativa Yasuni-ITT. Para nosotros, el objetivo es la defensa de la riqueza natural amazónica, su espiritualidad y nuestras formas de vida tradicionales. Hablamos de una riqueza que no se puede medir en términos cuantitativos, forma parte de nuestra cosmovisión, de nosotras y nosotros mismos. No nos interesa tanto el dinero, a pesar de que lo necesitamos dada los altos porcentajes de pobreza existente en el mundo indígena. La pobreza en el mundo indígena está cuantificada oficialmente en un 60%, algo vergonzoso. Lo que buscamos es que la gente aprenda algo de como nosotros amamos la vida, una vida en la que hombres y mujeres son un elemento mas en el contexto de la naturaleza y por lo tanto pretendemos vivir en armonía con ella.

Volviendo a lo concerniente a la XI Ronda Petrolera, la CONFENIAE ha denunciado recientemente a la opinión pública que la Constitución ecuatoriana y los derechos de los pueblos indígenas han sido atropellados al implementarse irresponsablemente el Decreto Ejecutivo 1247 –emitido el 19 de julio de 2012- correspondiente a la consulta previa, libre e informada para la extracción de hidrocarburos, el mismo que ya está siendo aplicado sin ningún tipo de consulta.

La Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Tratados, Convenios y Pactos sobre derechos indígenas y colectivos en el marco de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido acatados a plenitud por el régimen.

La campaña publicitaria y mediática desplegada por el gobierno en las comunidades amazónicas, así como el proceso de socialización impulsado para promover la XI Ronda Petrolera, utiliza información parcializada hacia los intereses extractivistas, que convierten al pueblo en un simple receptor de información. Los relacionadores comunitarios están haciendo un trabajo de colonización y alienación al transmitir las supuestas bondades de las políticas públicas del Estado a las comunidades ya que es más fácil negociar con las comunidades que han perdido todo.

  • -(DM) ¿No existe entonces Franco, según tu visión, una consulta real a las comunidades indígenas?

-(FV) El Estado ecuatoriano ha reducido la consulta previa, libre e informada a una simple charla de información de socialización de funcionarios de la Subsecretaría de Hidrocarburos que no cumplen los parámetros que determina el Sistema Interamericano pero que si han servido para confundir a la opinión pública y a algunos miembros de las nacionalidades quienes con botiquines regalados por dicha subsecretaría han dado sus rúbricas como es el caso de la comunidad Sápara, quienes están sufriendo la intromisión del gobierno y causando división en su territorio.

Cabe recordar en este sentido, que la Nacionalidad Sápara fue declarada por la UNESCO como "patrimonio oral e inmaterial de la humanidad". Tememos seriamente la intervención de las fuerzas armadas para llevar adelante la implementación de la XI Ronda Petrolera en las comunidades que se opongan a la extracción de sus recursos naturales.

  • -(DM) Alberto, explícanos cuales son los orígenes y en que consiste el Plan A y el Plan B del gobierno respecto a la Iniciativa Yasuni-ITT, cual es el estado de las tensiones internas entre los que defienden una posición y otra.

-(AA) La Iniciativa ITT, en referencia a las reservas petroleras del corredor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicado en el Parque Yasuní y que representa apenas una fracción de este parque, fue asumida oficialmente por el presidente Correa en la sesión del directorio de Petroecuador del 30 de marzo del año 2007. La posición asumida por el presidente Correa zanjó transitoriamente la pugna existente entre el Ministerio de Energía del cual yo era en aquel momento titular, y que proponía dejar el crudo en el ITT a cambio de una compensación económica internacional, y Petroecuador, quien aceleraba subrepticiamente la firma de acuerdos de intención para llegar a la extracción del crudo allá existente.

Desde ese momento se aceptó el Plan A como primera opción, es decir, dejar el crudo represado en tierra, con el fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida es considerada siempre que la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, lo cual se valora económicamente en unos 3.600 millones de dólares.

Esta decisión es innovadora y contradijo la lógica dominante en el planeta, la cual se basa en extraer hasta la última gota de crudo de los yacimientos descubiertos en cualquier lugar del mundo.

Mantener el crudo bajo tierra en el campo ITT tiene importantes implicaciones éticas, sociales e incluso económicas, y como bien indica Franco, no todas cuantificables en términos monetarios. En primer lugar, evitaría la extinción de la cultura waorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante. Es un hecho que la actividad petrolera y la permanente y expansiva explotación de los bosques han afectado irreversiblemente a la mayor parte de la población waorani y a otros grupos indígenas. Se trata de salvar a los pocos que quedan a salvo del asedio occidental: los tagaeri, los taromenane y los oñamenane.

Por otro lado, a través de esta propuesta, se evitaría la emisión de unas 410 millones de toneladas métricas de CO2; es decir, ahorraría al mundo el costo de su abatimiento. Evitaría también los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera. Las reservas de petróleo del ITT se encuentran bajo un territorio que consta de la mayor biodiversidad concentrada del planeta, donde existen al menos 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no clasificados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el presidente Rafael Correa ha mantenido posiciones inconsistentes y contradictorias respecto a dicha propuesta, ambigüedad que pone en riesgo la Iniciativa Yasuní-ITT. Nos encontramos con que periódicamente se hacen compromisos públicos por el Plan A, al tiempo que se amenaza con desarrollar el Plan B, la explotación del crudo existente en el Yasuní. Esta situación genera dudas en la comunidad internacional, condición que es utilizada por está para no apoyar de forma contundente una iniciativa que coincide en tiempos con una grave crisis económica a nivel internacional.

  • -(DM) Entiendo Vandana que la riqueza para ti no significa necesariamente dinero. Sin embargo la Iniciativa Yasuní-ITT se soporta sobre aportaciones económicas provenientes de la comunidad internacional. ¿Cómo ves eso?

-(VS) Por su puesto que la riqueza no implica necesariamente dinero. En el Yasuni uno puede experimentar la riqueza de la naturaleza. Uno experimenta el bienestar simplemente por el hecho de estar allí. Sin embargo, esto no es así en el mundo de las corporaciones.

Simplemente cruzando el río Napo, ya no se aprecia esa gran riqueza de pájaros y monos, lo que se ve es una gran cantidad de camiones transportando materiales y maquinaría al servicio de la extracción del petróleo.

Uno debe ser fuerte con los valores de su cultura. El Yasuni es fuerte en si mismo, es una fuente de fuerza para la vida, es allí donde esta el valor real de las cosas, lo que se refleja en el valor real de dejar el petróleo en el subsuelo. Yo diría que no podemos darnos el lujo de destruir uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza y la vida están intactos.

  • -(DM) En 7 mil millones de dólares cuantifica el gobierno del Ecuador el valor del crudo enterrado en su subsuelo.

-(AA) ¿Qué son los 7 mil millones de dólares que están enterrados en su subsuelo? Las compañías transnacionales que comercializan semillas genéticamente modificadas -transgénicas- obtienen mucho más de 7 mil millones de dólares de beneficio. Se han gastado mucho más de 70 mil millones de dólares en salvar a los bancos de Wall Street. El dinero que se gastó para salvar a Wall Street carece de valor si se compara ante el compromiso que tiene que ver con salvar esta riqueza natural. Es un reto que el conjunto de la humanidad debe asumir, es parte de la lucha por la vida.

Y por otro lado, yo confío que sea la sociedad del Ecuador sea quien asuma el compromiso de dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuni. Yo personalmente asumo el rol de impulsar la iniciativa internacional del Yasuni, y acepté hace unos días la propuesta realizada por la Secretaria de Estado Ivonne Baki de ejercer como embajadora de buena voluntad para recaudar fondos que den viabilidad a la iniciativa. La Iniciativa Yasuní-ITT lleva al Ecuador al centro de los derechos de la naturaleza a nivel internacional.

  • -(DM) Ecuador en la actualidad extrae unos 500 mil barriles de petróleo diario y se pretende ampliar la extracción a través de explotación de nuevos campos. Paralelamente el pasado 8 de marzo se firmó la primera concesión para minería a gran escala en una zona altamente sensible con la transnacional china ECSA, y en la actualidad se modifica la legislación para facilitar la firma de una nueva concesión en ese territorio con una empresa de similares características llamada Kinross. Sin embargo, la agenda estratégica nacional, así como el Plan Nacional del Buen Vivir y la propia Constitución hablan de avanzar a una sociedad postextractivista. ¿Te parece que esa es la hoja de ruta para llegar a una sociedad postextractivista Vandana?

-(VS) Pienso que el extractivismo actual es una contradicción a todo lo escrito en la Constitucion del Ecuador. La Constitución debería ser la línea base sobre la cual se define el paradigma para el buen vivir y la conformación de una futura sociedad posextractivista.

Debemos pensar en que no siempre tendremos recursos para educación, salud y demás cuestiones a través de la explotación de recursos naturales, tenemos que renovar la economía de los países. Veamos en Ecuador cuales son los daños causados por Chevron Texaco y cuales son sus consecuencias, y ahora pensemos que aunque la Chevron pagase todos los daños que ha causado nada será igual ya en las zonas que contaminaron.

En la actualidad las comunidades indígenas son consideradas como culturas primitivas, sin embargo pienso que son ellos los que nos van a dar el camino para seguir adelante. Debemos superar el concepto por el cual las corporaciones son consideradas en decremento de los ciudadanos, entendiendo que estas son las que nos van a generar el dinero que necesitamos.

Tenemos que dirigirnos hacia los derechos de la naturaleza, esa es la gran valía de proyectos como la Iniciativa Yasuní-ITT, debemos caminar hacia una nueva ideología.

  • -(DM) Franco, ¿cómo se llega a lo que nos plantea Vandana?

-(FV) Para nosotros, los pueblos indígenas, visualizamos el desarrollo desde una perspectiva diferente. Nosotros no tenemos muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es estar al aire libre, y sentirnos en contacto con la naturaleza y formar parte ella, así como cultivar la convivencia comunitaria y familiar.

Observamos cosas ridículas que se hacen en nuestro territorio, como el hecho de que se esté construyendo una ciudad del milenio en Pañacocha minusvalorando el conocimiento ancestral y las formas de vida locales. Se mete cemento en la selva y otros materiales constructivos nocivos y alejados de nuestra cultura, tradición y formas de vida. Seguimos viviendo la prevalecencia del pensamiento único. En la selva el pensamiento es diverso, y exigimos el respeto a nuestra cultura, nuestras formas de vida y organización social. Trabajemos con sentido común y razón.

  • -(DM) Alberto, ¿Cuál es la propuesta en este momento para salvar el Yasuní-ITT?

-(AA) Una vivencia en el Yasuni nos da una nueva forma de entender la vida. Todos los habitantes del país deberían poder visitar alguna vez el Parque Nacional Yasuni para entender que todos los seres vivos tienen una razón de ser.

Hace cuarenta años comenzó la actividad petrolera en Lago Agrio, nombre por cierto que proviene del primer pozo petrolero de la Texaco en la región. Un agosto de 1972 comenzamos a exportar petróleo y pensamos que todos los problemas se iban a resolver exportando petróleo. Estábamos a las puertas del desarrollo se nos decía, algo parecido a lo de hoy. Tras 4.500 millones de barriles de petróleo extraídos en 40 años, Ecuador de no se ha desarrollado y las provincias amazónicas son las mas pobres del país. ¿Porque repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes?

Lo interesante de la Iniciativa Yasuní-ITT es que nos abre la puerta a buscar soluciones para toda la humanidad. Ya no se trata de recibir fondos en base a una compensación, se trata de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos debemos proteger a la naturaleza, pero hay unos que tienen mayor responsabilidad en la situación actual de deterioro en el planeta que otros. Vamos a requerir no solo un Yasuní, sino dos, tres, cinco, diez y mil Inicitivas Yasuní-ITT para defender al planeta.

Debemos entonces inventar una nueva opción, el Plan C: vamos a defender el Yasuní aunque no tengamos un solo dólar. Debemos transformar al Yasuni en una herramienta para grandes transformaciones internacionales. Pero para ello necesitamos un gobierno coherente que no se desdiga permanentemente y que además actúe consecuentemente con sus objetivos. No se puede explotar el petróleo en el Bloque 31, el cual está al interior del Yasuní y pone en riesgo al conjunto del ITT. Además se debería llegar a acuerdos con el Perú para ampliar la zona protegida hacia el país vecino.

La Amazonia ha sido nuestra zona de colonización, ha sido la periferia de la periferia. No podemos seguir tratando a la Amazonia como el patio trasero de la Republica. Para ello debemos desmercantilizar la naturaleza, debemos ver el verde de los árboles y no el verde los dólares en el Yasuní. La Iniciativa trata de construir un esquema de justicia ecológica global, para ello, el factor fundamental no esta basado en la lógica del dinero.

  • -(DM) ¿Cómo ves Alberto la Onceava Ronda Petrolera?

-La XI Ronda Petrolera no es más que la continuidad de la lógica extractivista del actual gobierno. Generará graves conflictos sin tener siquiera una gran expectativa económica de extracción de petróleo. Se estima entre 100 y 120 millones de barriles de petróleo lo contenido en el subsuelo correspondiente a los pozos implicados en la XI Ronda Petrolera, mientras que en el subsuelo del Yasuni hablamos de entre 850 y 900 millones. Desde un punto de vista social, todas las comunidades indígenas serán afectadas. Y desde la perspectiva ambiental, destruir en centro sur de la amazonia es algo que no nos van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos.

  • -(DM) ¿Algo que añadir Vandana?

-(VS) Quiero indicar que efectivamente, se debe replicar la Iniciativa Yasuní-ITT, evitar que los ríos y mares se contaminen y que los últimos bosques sean destruidos. Debemos trabajar para luchar contra las semillas genéticamente modificadas, y luchar contra el poder de las corporaciones. A su escala, cada semilla libre es igual a un Yasuní.


Publicado originalmente en : deciomachado.blogspot . Decio Machado es analista, sociólogo, investigador social, consultor político internacional, especialista gestión ambiental, comunicación y marketing político. Colabora  con diversos medios de comunicación en América Latina y Europa.

Señor Presidente de la República de Ecuador:

 Como es de su conocimiento, el 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku contra el estado Ecuatoriano. En dicha sentencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano por la violación en contra del Pueblo de Sarayaku, de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de nuestro pueblo.

La Corte también dispuso al estado Ecuatoriano el cumplimiento de un conjunto de medidas de restitución, satisfacción y garantía de no repetición que deben ser cumplidas a favor del Pueblo de Sarayaku y cuyas repercusiones, en varios casos, se proyectan hacia una mayor y más profunda protección de la dignidad de los pueblos indígenas del país y del continente.

Varias de las medidas dispuestas por la Corte buscan remediar situaciones de grave riesgo para vida, como son las que se refieren al retiro de los explosivos colocados en nuestro territorio y algunas otras medidas buscan prevenir la reiteración de las violaciones de derechos de los pueblos indígenas mediante la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole que permitan el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta libre, previa e informada de acuerdo a los estándares de derecho internacional. Dichas medidas deben ser, obligatoriamente adoptadas previa consulta y participación de las comunidades.

Sin embargo, han transcurrido ya más de setenta días desde la emisión de la sentencia y el Gobierno que usted preside no ha establecido comunicación formal con el Pueblo Kichwa de Sarayaku para empezar a coordinar el cumplimiento de la sentencia. Si bien por vía telefónica el Ministerio de Justicia nos anunció, el pasado jueves 6 de septiembre, su intención de convocarnos a una reunión para conversar sobre la sentencia, dicha convocatoria no se concreta.

La urgencia e importancia de las medidas dispuestas en la sentencia requieren que su cumplimiento se inicie inmediatamente, para evitar que las violaciones de derechos por las que el Estado fue condenado se reiteren.

Así, nos preocupa que aunque la sentencia, en el párrafo 301 dispone que el Estado tome las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias pare el efectivo ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, modificando aquellas que lo impiden y actuando siempre con la participación de los pueblos indígenas, ahora se estén llevando procesos de consulta a los pueblos indígenas de nuestra propia región respecto a una nueva ronda petrolera, amparados en un reglamento puesto en vigencia antes de la sentencia, sin participación de las comunidades indígenas y que no respeta los estándares de derechos humanos señalados por la Corte Interamericana.

Esto constituye una evidente contradicción entra la voluntad de cumplir la sentencia manifestada por su Gobierno ante la Corte Interamericana y lo que está sucediendo en la práctica respecto al derecho a ser consultados de conformidad con el marco internacional de derechos humanos que la Corte Interamericana ha reiterado a favor de los Pueblos Indígenas.

Preocupados por esta situación, me dirijo a usted para solicitarle que de manera urgente designe un funcionario o funcionaria de alto nivel para que se responsabilice la de la oportuna coordinación con el Pueblo de Sarayaku del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Una vez hecha esa designación se nos haga conocer a los beneficiarios de la sentencia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ponernos en contacto y empezar el proceso. De igual manera, solicitamos disponga a las autoridades del sector hidrocarburífero que se abstengan de realizar actos que van en contra de los dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial avanzar con procesos de consulta sin que previamente se haya modificado la normatividad vigente para adaptarla a los estándares interamericanos de derechos humanos con la participación de las comunidades indígenas.

Hago propicia la oportunidad para expresarle, a nombre del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku nuestros sentimientos de consideración y respeto.
Atentamente,

José Gualinga,
TAYAK APU TAYJASARUTA, PRESIDENTE DEL PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU / CC. Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sarayaku, Quito, 13 de Septiembre de 2012

Comunicado de prensa: Amnistía Internacional.

Las autoridades están usando el sistema judicial de Ecuador para reprimir a los líderes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado para evitar que protesten contra las medidas que afectan a su medio ambiente y a sus tierras, ha señalado Amnistía Internacional días atrás en un informe.

El informe “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? examina las historias de 24 líderes que han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias y rigurosas condiciones de fianza simplemente por hacer campaña contra las leyes y las políticas que regulan el uso de los recursos naturales.

Se enfrentan a un total de 20 cargos por terrorismo, 10 por sabotaje, 4 por obstrucción de vías y 1 por homicidio, todos ellos relacionados con protestas que tuvieron lugar en 2009 y 2010. En muchos casos, las detenciones y los cargos han sido desestimados por los jueces al carecer de fundamentos. Sin embargo, en el momento de redactar esta nota, 8 de los 24 están todavía siendo investigados, tienen procesos judiciales abiertos o se encuentran sujetos a restricciones. En este momento, ninguno se encuentra en prisión.

“El hecho de que 24 líderes se enfrentaran a cargos dudosos en un periodo de 18 meses demuestra la existencia de un panorama preocupante, que está teniendo un efecto escalofriante sobre comunidades enteras que ahora se lo piensan dos veces antes de expresar su legítimas preocupaciones acerca de las medidas que les afectan”, ha declarado Tamaryn Nelson, investigadora para Ecuador en Amnistía Internacional.

“En vez de entablar un diálogo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades cuyos medios de vida se verán afectados por las leyes y políticas propuestas por el gobierno, las autoridades están echando mano de cualquier herramienta para disuadirlas de expresar su desacuerdo.”

Muchos líderes fueron detenidos en intentos policiales de dispersar a los manifestantes. Otros han vivido durante años con la amenaza de la detención pendiendo sobre sus cabezas, porque se han emitido órdenes de detención, pero no se han ejecutado. En algunos casos, se han impuesto condiciones de fianza que los obligan a presentarse ante las autoridades, generalmente cada 7 o 15 días, y les prohíben viajar al extranjero.

Ecuador es el 5º productor de crudo en América Latina y estos proyectos han tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos que han dado lugar a conflictos con las comunidades locales. El gobierno ha anunciado recientemente su intención de llevar la minera en gran escala a Ecuador, lo que ha provocado más conflictos con las comunidades locales.

En junio de 2010, los líderes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca fueron acusados de terrorismo tras participar en una protesta durante la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y se abrió una investigación. Según los informes recibidos, los únicos indicios contra los activistas son un par de esposas extraviadas que un oficial de policía informó haber perdido. En el momento de redactar esta nota, los dos activistas llevan sometidos a investigación por un delito de terrorismo durante casi 2 años.

Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de mantener el orden público y de investigar cualquier delito que se haya podido cometer en el contexto de una protesta. Sin embargo, demasiado a menudo los líderes indígenas y campesinos se han visto sometidos a investigaciones y procesos judiciales sin fundamento, lo que plantea la duda de si estos actos responden a motivos políticos.

“La política del gobierno de continuar impulsando cambios sin llevar a cabo una consulta adecuada con las comunidades afectadas tiene el riesgo de situar a Ecuador en una dinámica de continuo conflicto social”, ha afirmado Nelson.

El Estado tiene la obligación de consultar adecuadamente con las comunidades afectadas antes de adoptar medidas que afecten a sus derechos humanos. Es más, donde haya novedades significativas relativas a proyectos que afecten a los medios de vida de los pueblos indígenas, el Estado debe garantizar el derecho de éstos a dar su consentimiento libre, previo e informado.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de Ecuador para que garanticen que cualesquiera leyes, políticas y medidas potenciales que afecten a comunidades pasen por un proceso de consulta con esas comunidades antes de que se tome una decisión. Además, la organización insta a Ecuador a que promueva, proteja y respete el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Para ello, debe cesar en su uso inadecuado del sistema judicial contra los líderes indígenas y campesinos para disuadirlos de que expresen sus legítimas preocupaciones y demandas.

Índice AI: PRE01/333/2012

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