Las mujeres y los indígenas son tradicionalmente grupos considerados como de alta vulnerabilidad y en situación de peligro ante el posible escenario de las pretendidas operaciones de megaminería en el Ecuador.
Las siguientes son algunas de las consecuencias que se pueden preveer para estos dos grupos humanos en las zonas de influencia de la actividad minera a cielo abierto en nuestro país, considerando la experiencia vivida en algunos casos de la región.
- ¿Cómo afecta la minería de gran escala a las mujeres?
Los impactos de las áreas mineras son mucho más complejos para las mujeres.
En general, las mineras se instalan en territorios en donde se practican las economías agro-pastorales, e incluso de pequeña minería. Estas comunidades adjudican un papel menor al dinero como fuente de seguridad económica de la familia. La gran mayoría de los pobladores consume los alimentos que se producen en su chacra y fruto de la crianza de sus animales. La llegada de la minera trastorna violentamente la dinámica económica local, los puestos de trabajo que ofrece la minería son atribuidos en su gran mayoría a hombres jóvenes, los cuales se vuelven los únicos proveedores de dinero del hogar. Los pobladores se vuelven totalmente dependientes de los salarios de la empresa y descuidan el trabajo en sus tierras, si todavía las conservan, y otras formas de supervivencia no monetaria. En la mayoría de los casos las mujeres asumen todo el trabajo que los hombres dejan de hacer por trabajar en la minera y enfrentan solas el cuidado de los niños, los animales, la producción de la tierra, etc. Cuando han perdido sus propiedades, se ven abocadas a migrar a las poblaciones aledañas en busca de trabajo, abandonando a sus niños al cuidado de los abuelos.
Las mujeres sufren mayores impactos en términos de salud psicológica y física. La llegada de hombres jóvenes en búsqueda de trabajo y la pérdida de soberanía económica empuja a muchas mujeres a prostituirse. Aumentan los casos de violación y los riesgos de contagio por enfermedades sexualmente transmisibles. La violencia hacia las mujeres aumenta drásticamente por el gran aumento de consumo de alcohol y drogas.
A nivel político, las mujeres son en general excluidas de los procesos de negociación que se suelen emprender entre la comunidad y las empresas mineras y sus demandas son en general ignoradas o minimizadas. Tradicionalmente las mujeres salvaguardan la cohesión social de la comunidad, razón por la cual son en muchos casos las más férreas opositoras a la entrada de las empresas.
Por otra parte, la contaminación del medio ambiente causada por la explotación minera puede provocar abortos espontáneos, causar malformaciones u otras patologías graves en los niños, lo que implica una carga mayor para las mujeres, quienes tradicionalmente se encargan de su cuidado.
Finalmente, las pocas mujeres que consiguen trabajos en las minas están expuestas a la discriminación laboral y sufren constantemente de acoso sexual.
- ¿Qué impactos específicos enfrentan los pueblos indígenas?
Además de las consecuencias socio-ambientales mencionadas en las preguntas precedentes, cabe destacar que la llegada de proyectos mineros a territorios de pueblos y nacionalidades indígenas implica consecuencias específicas para estos grupos.
El modo de vida de los pueblos autóctonos y la riqueza de su cosmovisión, íntimamente ligados a la Naturaleza, se ven irreversiblemente atropellados por la destrucción y la contaminación del medio ambiente provocados por la minería. En muchos casos, la actividad minera implica además la destrucción de los lugares de culto, sitios sagrados, lugares de encuentro, entre otros.
En algunos casos, la estructura comunitaria de la política y la economía indígena se ven destrozadas por el dinero que las empresas ofrecen a sus dirigentes o a ciertos miembros de la comunidad. Tal vez el impacto más profundo es el giro de una economía comunitaria, basada en un vínculo directo y orgánico con la Naturaleza, hacia una economía capitalista, de consumo, dependiente del dinero.
Adicionalmente, la identidad de los pueblos y nacionalidades es irrespetada por quienes promueven la minería, gobernantes, empresarios, actores transnacionales, que descalifican constantemente en la práctica y en el discurso, la cosmovisión indígena.
Por último, son numerosos los casos en los cuales los derechos de los indígenas -garantizados tanto a nivel nacional como internacional- han sido violados. En ciertos casos extremos, la explotación minera industrial a llevado hasta la desaparición de pueblos indígenas enteros.
- ¿Cuáles son los posibles atropellos a los Derechos Humanos?
Basta mirar lo que sucede en la región andina. Por ejemplo, cerca del 70% de los desplazamientos forzados ocurridos en Colombia entre 1995 y 2002 se produjeron en áreas mineras. En regiones mineras, se expropian territorios pertenecientes a comunidades enteras para permitir el acceso a los yacimientos. Ciertas comunidades desaparecen completamente si tienen la mala suerte de encontrarse dentro del área de influencia de un proyecto minero. En el caso del Ecuador, ya se observó este tipo de práctica en San Marcos, en el sitio del proyecto de cobre Mirador de la empresa ECSA en la cordillera del Cóndor. En el caso del proyecto Junín en Íntag, por lo menos cuatro comunidades tendrían que ser reubicadas si se da la explotación.
Para desalojar a los moradores o reprimir los actos de resistencia, las empresas contratan empresas de guardianía privada, agentes de seguridad y paramilitares, pero en muchos casos es el mismo Estado el que pone la fuerza pública al servicio de las mineras privadas.
En las zonas mineras del Perú, país al que se pretende poner como ejemplo de apertura minera, las violaciones a los Derechos Humanos se han multiplicado en forma exponencial; la masacre que se dio en Bagua, en junio del 2009, es apenas uno de los episodios más difundidos de una larga cadena de represión y violación sistemática de los Derechos Humanos.
En Perú los conflictos mineros y petroleros, sobre todo los primeros, superan más del 80% de todos los conflictos sociales registrados. En otras partes del mundo, se han registrado asesinatos de líderes comunitarios e indígenas implicados en la resistencia a la actividad minera.
En Ecuador algunos de los casos más graves de violación a los Derechos Humanos ocurridos en los últimos años están relacionados con empresas mineras transnacionales. Esta realidad fue reconocida en 2008 por la Asamblea Constituyente al otorgar la amnistía a cientos de personas criminalizadas por las empresas mineras. Es preocupante ver que, aún cuando todavía no existe ningún proyecto industrial en fase de explotación, la represión estatal en contra de dirigentes indígenas y comunitarios ha sido feroz. Actualmente, más del 90% de los acusados de terrorismo y sabotaje provienen de movimientos sociales opuestos a la minería a gran escala.
