El gobierno ecuatoriano anunció, en septiembre del 2010, sus planes de ampliar la frontera petrolera hacia el suroriente del país. Días atrás esa pretensión avanzó al hacer el anuncio oficial de que el 31 de octubre se lanzará otra convocatoria, esta vez para los bloques surorientales. Las ofertas deberán presentarse hasta el 1 de abril del próximo año para firmar los contratos respectivos en octubre del 2012, según un comunicado del Ministerio de Energías no Renovables. De los bloques que se ofrecerán en el nuevo proceso, cuatro pasarán a manos de las estatales Petroamazonas y Petroecuador, siete se asignarán a petroleras nacionales de países "amigos", y 10 se entregarán a firmas privadas, agregó la cartera. 

Los bloques petroleros en el centro sur que se negocian en la nueva ronda superponen territorios de las nacionalidades indígenas: achuar, sápara, shiwiar, andoa, shuar y kichwa y suponen un área de casi dos veces y media más grande que el proyecto ITT Yasuní.

Ante esta nueva ronda, los pueblos indígenas amazónicos, quienes la consideran una amenaza que se viene sobre ellos, se reunieron , se declararon en resistencia (el "derecho a la resistencia" está referido al artículo 98 de la Constitución: "los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos") por lo que firmaron la siguiente Declaratoria:

Declaratoria del Cuarto Encuentro de nacionalidades Achuar, Shuar y Kichwa de la Región Amazónica Ecuatoriana en Resistencia por defensa de la Vida.

  • Las nacionalidades Achuar, Shuar y Kichwa de la provincia de Pastaza y Morona Santiago, declaran en Estado de emergencia en sus territorios, por la invasión inconsulta de la décima ronda petrolera, minera, servicios ambientales y bio-prospección, que atenta gravemente sus espacios de vida y sus derechos reconocidos y consagrados en la constitución política del Estado, convenios y tratados internacionales que amparan y protegen los derechos de las nacionalidades indígenas.
  • Se comprometen en llevar una lucha pacífica y soberana hasta las últimas consecuencias, decididos enfrentar hasta con sus vidas para defender la madre tierra que es el único espacio de vida. 
  • Hacen un llamado a todo los hermanos de otras nacionalidades y pueblos que éste es el momento de demostrar la verdadera unidad en defensa de los territorios de esa forma construir el verdadero Sumak Kawsay- Penker Pujustin (Buen Vivir).
  • Piden a los otros pueblos y nacionalidades hermanos de otros continentes y a la comunidad internacional que sean testigos de todas las violaciones de los derechos de las nacionalidades, que el gobierno de Ecuador ha implementado para defender los intereses de las empresas extractivas transnacionales. 
  • Rechazan a todas las personas ilegales que hacen pasar como profesionales y representantes legales de los pueblos y nacionalidades, ofreciendo servicio profesionales de relacionadores comunitarios, quienes serán severamente sancionados y castigados con la ley ancestral de cada nacionalidad.
Mientras tanto, la CONAIE, la más grande e importante organización indígena del país anuncia una marcha a Quito para exigir que sea aplicada la consulta previa, que aunque está estipulada en la Constitución del 98 y ratificada en la del 2008, no es aplicada, según el Procurador del Estado porque no existe norma infraconstitucional.

La fecha de la movilización aún no está definida y se tomarán "el tiempo que sea necesario para organizar" a las comunidades, dijo Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al diario Expreso.

"Hay que repetir, parafraseando al presidente (Rafael Correa): nada por imposición, nada por la fuerza con los pueblos indígenas porque si no el conflicto será de largo tiempo y muy doloroso para los ecuatorianos. Hay que resolver los conflictos mediante mecanismos inteligentes", afirmó Cholango.

El mandatario enfrenta la oposición de la Conaie, un antiguo aliado que en marzo lo denunció penalmente por genocidio aduciendo que ha alentado la explotación petrolera en sus tierras.

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