Articulos por "megamineria"

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Comuna ancestral pesquera San Pedro -
Provincia de Santa Elena - Costa Ecuatoriana.
Yo NO creo en el "buen vivir" (adaptación de la cosmovisión indígena y de los pueblos del Ecuador incluida y encajada a la fuerza en la constitución como mera estrategia de marketing político para que los mestizos entendamos un discurso; ademas de manejar una imagen de gobierno social - responsable).


Yo creo en el Sumak Kawsay (Vida plena, vida en armonía ó vida en equilibrio) y este es, en un país plurinacional, con gobiernos autónomos, con democracia participativa popular, con reconocimiento de tod@s l@s actor@s sociales, con soberanía alimentaria, con educación libre/propia, con preservación de los espacios sagrados, y sobre todo sin petróleo, sin minería, sin violencia, sin autoritarismo, sin represión, sin criminalización de la protesta, sin judicialización de dirigentes comunitarios.

Todos los pueblos son libres y tienen los mismos derechos de planificar su vida en función de su entorno y su propia dirección de desarrollo sin alinearse a la influencia del "progreso" de las mayorías

Abundancia de chicha (Uyantza Raymi)
Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku -
Provincia de Pastaza - Amazonía Ecuatoriana.
Que se conozca, que se sienta y que se viva el verdadero Sumak Kawsay!!! Es necesario para entendernos en nuestras diferencias a través del respeto y el intercambio en todo sentido, es necesario para proteger los manglares, el océano, las especies marinas, la flora y fauna, las montañas, el agua, la dignidad, nuestras culturas, nuestras lenguas ancestrales, las economías solidarias, para conservar la selva viviente y sobre todo a los seres humanos que vivimos y visitamos estos espacios!!! Nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza!!! 

Texto: Emilio González. PACHAMAMITA EC.
Fotos: Esmeralda Rosales. PACHAMAMITA EC.

La Corporación de Gestión y Desarrollo Ambiental ECOLEX, anuncia a todo el país un nuevo servicio telefónico y de correo electrónico gratuito a nivel nacional conocido como LÍNEA VERDE, a través del cual la se otorga asesoría ante posibles infracciones y delitos ambientales.


LÍNEA VERDE promociona y difunde además los derechos de la naturaleza y  los derechos ambientales, individuales y colectivos. Todos estos servicios son ofrecidos de manera gratuita.

ECOLEX es una organización sin fines de lucro,  la cual ofrece alternativas de gestión pública y privada que tienen el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable del Ecuador, orientando su gestión a la formulación de políticas, legislación y manejo de conflictos socio-ambientales.

Según informa ECOLEX, los tipos de consultas legales o asesoría en denuncias, abarcan los siguientes aspectos:                                 

  1. Falta de consulta en proyectos que pueden afectar ambientalmente a la sociedad.
  2. Infracción de funcionarios públicos frente al cumplimiento de la legislación ambiental
  3. Contaminación del suelo , aire y agua.
  4. Tala de árboles y Bosques.
  5. Uso de tecnologías contaminantes.
  6. Violación de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.

ECOLEX ha trabajado en casos que abarcan áreas como minería ilegal, tala de árboles en áreas protegidas y contaminación acústica en zonas urbanas, entre otros temas.

Las personas que deseen hacer uso de este servicio de consulta y asesoría totalmente gratuitos pueden comunicarse al teléfono (02)6019000 o al correo electrónico lineaverde@ecolex-ec.org


Freddy Taish, Bosco Wisuma (educador shuar de Morona Santiago) y José Tendentza indígenas perseguidos, criminalizados y asesinados en Ecuador entre el 2009 y el 2014 por defender sus territorios ancestrales donde se levanta el primer proyecto de minería a cielo abierto en Ecuador (proyecto Mirador) en manos de la empresa minera china ECSA.

En este video - campaña se busca fortalecer y asumir la lucha de estos tres líderes indígenas shuar asesinados por protestar y defender los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.






Al momento de utilizar un discurso de convencimiento a la sociedad respecto a temas sensibles, en este caso la muy cuestionada megaminería, impulsada como nunca antes por el actual gobierno del Ecuador, éste ha acudido a varios conceptos que por repetición se intenta lograr que sean aceptados por el ciudadano común.

El alto potencial minero, la relación de la minería con el "tan ansiado" desarrollo y sus aportes a la economía del estado, son quizás los principales argumentos de las empresas mineras y los gobiernos que las auspician.

Por otro lado, las amenazas ecológicas, los desechos a gran escala generados por esta industria, la relación agua - megaminería - conflictos sociales son temas que los impulsores de la megaminería niegan o pretenden minimizar.

El siguiente es un análisis de 
Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta dentro de su  serie "Los perversos versos de la minería" al respecto:


1. Potencial minero

El potencial minero presentado por el gobierno y las empresas mineras es una ficción.

La gran mayoría de yacimientos de oro y cobre, incluyendo los proyectos en marcha, no han sido explorados adecuadamente como para establecer en firme y con un mínimo de confiabilidad lo que realmente contienen. El optimismo de cifras manejadas alegremente por el gobierno proviene de las empresas mineras que inflan sus cálculos por obvios intereses económicos y políticos. Ese manejo alegre de las cifras ha resultado en algunas de las estafas financieras más grandes de la historia, cuando empresas mineras -canadienses en particular- han inflado el valor de sus yacimientos para realizar enormes ganancias en las bolsas de valores.

Ecuador como formación geológica es muy diferente a Perú y Chile. Los yacimientos que posee son menos ricos y concentrados, lo cual hace de su minería una actividad de mayor impacto ambiental, porque debe procesar mayor cantidad de suelo y subsuelo para obtener una producción rentable.

2. Minería y desarrollo.

Que la minería empobrece a países en desarrollo es una realidad cierta. Los economistas, para explicar este fenómeno, la analizan como la “Maldición de los Recursos Naturales” o la “Paradoja de la Abundancia”. Basta estudiar el Índice de Desarrollo Humano de países con alta dependencia de la minería como Zambia, Sierra Leona, Papua Nueva Guinea, Bolivia, Ghana o la República Democrática del Congo, para saber que minería no equivale a desarrollo.

Comparada a otras actividades económicas, la minería a gran escala genera muy pocos puestos de trabajo. En países como Chile y Perú, emplea aproximadamente el 1% de la población económicamente activa, y la mayoría de los empleos están a cargo de mano de obra calificada.

En el caso del proyecto de cobre Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, se prevé que la mina creará cerca de 600 puestos de trabajo fijos. El propio Plan de Desarrollo para el Sector Minero 2011-2015, del actual gobierno, aspira que la minería a gran escala, cree “al menos 10.000 plazas de trabajo” a nivel nacional, una cifra magra si se compara con los puestos de trabajo que genera, la agricultura, la ganadería o el turismo.

3. Aporte económico de la minería. 


Decir que los beneficios de la megaminería se quedan en los países donde se extraen los minerales y que las empresas contribuyen con el pago de diferentes impuestos en el desarrollo del país tampoco tiene mucho asidero.

Muchos problemas surgirán por el lado tributario. Las grandes empresas mineras son campeonas en eludir o evadir el pago de tributos. Algunas empresas transnacionales usan subsidiarias registradas en paraísos fiscales, lo que les permite evitar el pago de impuestos. Estas empresas normalmente no garantizan transparencia para poder llevar a cabo la evaluación de sus actividades.

Las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices destacan exclusivamente los enormes montos de ingresos potenciales a partir de reservas mineras existentes. Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta incompleta. Habría que sumar los llamados costos ocultos -ambientales y sociales-, incorporando por ejemplo el valor económico de la contaminación. Estas son pérdidas económicas que normalmente no aparecen en los proyectos y que son transferidas a la sociedad; recuérdese la devastación petrolera en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. También deberían entrar en la lista de costos los denominados “subsidios perversos”, que se expresan a través de la entrega de energía a precios menores, agua sin costo o con costo reducido, e inclusive infraestructura de transporte.

4. Amenazas ecológicas de la minería.

Debido a las singulares condiciones climáticas, geológicas, hidrológicas y biológicas, del país, a su mega biodiversidad, la minería metálica a gran escala en la mitad del mundo será un mega desastre. Los yacimientos llamados estratégicos se encuentran en sitios ecológica y climáticamente muy sensibles, con muchas lluvias, y en medio de ecosistemas únicos, bosques y páramos, que albergan fuentes de agua y decenas de especies, vegetales y animales en peligro de extinción.

Estos ecosistemas únicos -páramos y bosques- cumplen un papel indispensable en la generación y protección de fuentes de agua que abastecen a las poblaciones del campo y la ciudad. Son millones de ciudadanos los que se benefician de los estuarios de agua limpia. Por lo tanto comparar la minería en Ecuador con la minería en el desierto de Chile o en el altiplano árido del Perú, o con países-continente como Canadá o Australia no hace el menor sentido, porque no existe en el mundo, un solo proyecto minero a gran escala, en sitios similares a los de nuestras cordilleras, bosques nublados y páramos, que no haya devastado el ambiente. Por ello, los llamados Estudios de Impacto Ambiental de la megaminería, financiados por las mismas empresas mineras, sin excepción alguna, constituyen una tomadura de pelo. A más de sesgados y poco confiables son deficientes como estudio y bochornosos como instrumento legal.

5. Desechos a gran escala. 

La minería metálica a gran escala es la más grande productora de desechos en el mundo. En promedio, se procesa aproximadamente 79 toneladas de tierra para producir una onza de oro (Esta cifra sube a 250 toneladas en ciertas minas). En el caso del cobre, la proporción es aproximadamente una tonelada de cobre por 500 toneladas de tierra removida.

En Canadá, la minería a gran escala produce 60 veces más desechos- y en los Estados Unidos 9 veces más- que todas las ciudades e industrias de los respectivos países. Solo el proyecto Panantza-San Carlos, en la provincia de Morona Santiago prevé procesar 90.000 toneladas de suelo, subsuelo y roca mineralizada diariamente y durante décadas. Es decir que durante la vida útil de la mina, se prevé producir alrededor de 1.400 millones de toneladas de desechos; esto equivale al menos a unos 12 Panecillos de la ciudad de Quito. Solamente para un pequeño proyecto de cobre, conteniendo 6 % del supuesto yacimiento de Panantza-San Carlos, en la zona de Intag, provincia de Imbabura, los investigadores calcularon que se necesitaría 600 hectáreas exclusivamente para almacenar los desechos sólidos.

Hay que saber que el oro y el cobre no están en estado puro, suelen estar mezclados con otros minerales o metales pesados como el azufre, arsénico, plomo, mercurio, molibdeno y otras sustancias altamente tóxicas que contaminan suelos, ríos, páramos y bosques húmedos. Algunos yacimientos cupríferos, incluso, contienen materiales radioactivos.

6. Agua y minería. 

Por más que las empresas y sus defensores en el gobierno digan que el agua será reciclada, el procesamiento de minerales a gran escala requiere de ingentes cantidades de agua, mucha de la cual se pierde en el proceso de separar la tierra y los otros metales. El estudio de factibilidad del proyecto Mirador, aledaño al de Panantza-San Carlos, prevé utilizar 12 millones de litros de agua diariamente.

Debido al proceso conocido como drenaje ácido minero, el agua de ríos y vertientes, en combinación con el aire y el agua de lluvia y/o aguas subterráneas, envenenará al recurso agua durante décadas y posiblemente cientos de años.

Este drenaje ácido es un proceso mediante el cual, el aire o las aguas oxidan automáticamente -al momento del contacto- a minerales sulfurosos, lo que provoca una acidificación anormal de los desechos mineros, de los suelos y las aguas superficiales y subterráneas.

Cabe señalar que los grandes yacimientos ecuatorianos identificados son altamente sulfurosos, por lo que el riesgo que se de este gravísimo tipo de contaminación es muy alto en nuestro país.

7. Conflictos Sociales y minería.

No hay actividad industrial en América Latina que haya convulsionado o violado tanto los Derechos Humanos como la megaminería. En Colombia, el 80% de las violaciones de Derechos Humanos que han ocurrido en los últimos diez años se cometieron en regiones mineras. En Perú, más del 60% de los conflictos socio-ambientales se deben a la minería. En la medida en que las empresas extienden su presencia, la lista de muertos, heridos y perseguidos aumenta cada día. En el Ecuador, la mayoría de los criminalizados socialmente, han sido por su posición de resistencia a la megaminería o minería a gran escala.


Carlos Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta / www.extractivismo.com y www.infomineria.org / Serie perversos versos de la minería.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA:


Potencial minero.
Más del 90% de los yacimientos han sido clasificados como “inferidos”, el menos confiables de los tres clasificaciones del mundo de la minería;
- Geología (por el geólogo Pablo Duque)    http://www.remamx.org/?p=5826

Sobre los fraudes cometidos por las mineras, Caso Bre-X (fraude de más de seis mil millones de dólares),  http://www.geotimes.org/oct07/article.html?id=nn_bre-x.html (inglés)
En el Ecuador, el caso de Merendon :   http://tzawata.blogspot.com/p/quien-es-merendon.html

Mineria y Desarrollo

Aporte Económico de la Minería

Economía y empleo
Infome de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo- Unctad- sobre el vículo economías mineras y pobreza http://www.unctad.org/sp/docs/ldc2002overview_sp.pdf

Sobre la Maldicion de los recursos naturales, o Paradoja de la Abundancia

La maldición de los recursos naturales se traduce entonces, en el peor de los casos, en conflictos armados regionales o guerras civiles. En los casos más normales, genera totalitarismo y control de las riquezas por unos pocos. En el mejor de los casos, genera democracias populistas que reparten prebendas y alienan los factores culturales imprescindibles para el desarrollo

Indice de desarrollo humano


Vínculo pobreza y minería (inglés):


Empleo:   

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Amenazas ecológicas de la minería

Desechos a gran escala.  Informacion sobre el proyecto Panantza-San Carlos http://www.corriente.com/news/technical_reports.php

Posible contaminación del cobre con materiales radiactivos: http://www.epa.gov/radiation/tenorm/copper.html

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Agua y Minería

Conflictos sociales y minería

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Para mayor información sobre la minería:    www.infomineria.org

Para mayores detalles sobre el alto costo de explotar y procesar metales (ingés):

Sobre la posible contaminación de las menas de cobre con materiales radioactivos http://www.epa.gov/radiation/tenorm/copper.html  (inglés)


Posiciones en la creación de política minera nacional http://www.aldeah.org/files/choque_de_visiones_sobre_la_politica_minera__del_ecuador.pdf

Mapa de Criminalización por oposición a la actividad minera en Ecuador. 
En Ecuador se  ha incrementado de manera exponencial durante los últimos años la criminalización de la protesta en zonas de proyectos de megaminería, según información recogida del Mapa de Criminalización por Oposición a la Actividad Minera del OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina).

La información recoge datos desde noviembre del 2003 hasta enero del 2014 y los clasifica en cuatro categorías : amenazas, asesinatos/atentados, judicialización y uso de la fuerza. En el caso de Ecuador se presentan reportes en todas las categoriás de criminalización de la protesta social, siendo la judicialización la que más casos incluye. a personas que encabezan el rechazo de la minería en sus comunidades y territorios y luchan por sus derechos. 


Las provincias de Imbabura (2 casos) , Azuay (3 casos), Morona Santiago (3 casos), Zamora Chinchipe (2 casos), Guayas (1 caso) presentan casos que han sido registrados según la web en su gran mayoría desde el año 2007 (coincidentemente desde los inicios del actual gobierno, que ha impulsado como ningún otro la megaminería).

Según el observatorio, la protesta social -expresión de la comunidades para defender la naturaleza-, pone en peligro inversiones millonarias de las industrias extractivas, generalmente impulsadas por empresas transnacionales. Por ello, los Estados consideran cada vez más la protesta social como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.

La criminalización de la protesta social por conflictos mineros es hoy en día un problema a nivel continental que perjudica a líderes de comunidades, activistas, autoridades y religiosos, independientemente de la orientación política de los gobiernos. 


La web del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina contiene abundante información de mas de 180 casos de conflictos y proyectos mineros georeferenciados, junto con cientos de documentos, artículos y vídeos relacionados. 

Muchos de los casos de criminalización de la protesta en zonas de proyectos megamineros en Ecuador también son recogidos a nivel internacional por la web de Amnistía Internacional.


IMAGEN: Fetralpi
El concepto de soberanía fue visto como aquella facultad del Estado para ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. 

En Ecuador la soberanía se amplió para incluir tres sujetos de derechos que identifica la Constitución Política nacional: personas, pueblos y naturaleza.

La soberanía de la persona incluye los derechos humanos y las libertades fundamentales y la conciencia de que cada individuo tiene derecho a controlar su propio destino y su cuerpo. La soberanía de las comunidades, pueblos y nacionalidades pasa por su derecho a decidir sobre su forma de vivir y de manejar sus territorios e incluye los derechos a vivir como pueblos, incluyendo los pueblos libres. Finalmente la soberanía de la naturaleza consiste en ser considerada un sujeto de derecho, no un objeto de propiedad.

La soberanía, por lo tanto, se hace realidad concreta y se desarrolla con el sumak kawsay. A continuación se analizan algunos tipos de soberanía, con la mira a construir un modelo de vida alternativa para el Yasuní (y el país) (1)

SOBERANÍA ECONÓMICA

La soberanía económica parte de recuperar la capacidad de decisión sobre los modelos económicos para el nivel local y el modo de participar en la economía a nivel nacional. Significa determinar las aspiraciones de la comunidad, incluyendo las de las mujeres (género) y las de los niños, jóvenes o personas mayores (edad). 

Esta decisión va más allá de lo que defina un Estado que ha estado ausente en la región amazónica y que, por lo mismo, no conoce sus necesidades aunque quiere apropiarse de los distintos bienes naturales –abundantes en la zona– o utilizar la ubicación estratégica de la Amazonia con fines de política internacional.

Las premisas para alcanzar la soberanía económica local son la producción centrada en el consumo local y regional de alimentos, con acceso a los factores de producción, circuitos locales de comercialización y control democrático de los mercados agrícolas. Esto garantiza un acceso equitativo de alimentos y una
remuneración justa a todos los que participan en este proceso.

Se trata además de que la producción garantice ecosistemas sanos, construya fertilidad y diversidad y evite la contaminación. Es decir, una economía soberana y ecológica. No se basa en la explotación de los bienes naturales, sino en la recuperación de formas armónicas de producción, con una relación respetuosa entre seres humanos y la naturaleza y con la valorización y apertura al trabajo femenino.

Dado que en Ecuador el petróleo es una fuente importante de divisas, parar la extracción petrolera significa buscar otras fuentes económicas. La iniciativa Yasuní-ITT es un primer paso, pero es necesario pensar más sobre cómo avanzar hacia una economía pospetrolera, construyendo soberanías desde lo local.

SOBERANÍA ENERGÉTICA


La soberanía energética plantea tanto el acceso, como el control y decisión sobre las fuentes y usos de la energía. Nace de una profunda crítica a la de pendencia de los combustibles fósiles debido a los impactos ambientales y sociales que genera en el mundo (por ejemplo, el cambio climático), como en los territorios de donde se extrae esta riqueza. La soberanía energética tiene como propuesta central parar las nuevas exploraciones en zonas de bosques naturales, territorios indígenas o zonas frágiles.

La propuesta es abastecer las necesidades locales con fuentes limpias, descentralizadas y de bajo impacto, haciendo uso del potencial energético local. Esto plantea un primer reto: identificar las necesidades energéticas de la zona e identificar cómo satisfacerlas con fuentes y procesos que no generen entropía. La entropía es un concepto de la física que se refiere al desperdicio en los procesos de transformación de la materia. Es la energía que no puede volver a utilizarse y que se acumula en el medio ambiente produciendo contaminación.

Eliminar la extracción petrolera requiere de medidas complementarias pues también se debe eliminar poco a poco su consumo. Para esto es necesario buscar alternativas de generación de electricidad, de transporte y, en general, recuperar otros materiales libres de petróleo.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Es el derecho de los pueblos a controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura familiar, campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se desarrollen de forma autónoma y equitativa. De esta manera se garantiza el derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados.

Para ello es necesario recuperar modos de producción y tecnologías ancestrales y ecológicas; generar circuitos económicos solidarios y controlar democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los alimentos y remunerar con justicia al trabajo agrícola.

 La fertilidad de la tierra es central para la soberanía alimentaria, que debe ser entendida como un ser vivo que necesita y provee. Es imprescindible recuperar hábitos y patrones de consumo saludables y nutritivos.

La soberanía alimentaria es la forma de garantizar el derecho a una alimentación sana, suficiente y que tenga relación con la cultura propia. Ya que la mujer campesina es la mayor responsable del proceso agro-productivo, se requiere equidad en la relación social y cultural.

Para garantizar la soberanía alimentaria es necesario controlar los factores productivos (propiedad de la tierra, agua, semilla campesina, energía y otros) y los procesos de producción de alimentos por parte de los pueblos agricultores y productores de alimentos. En este sentido, se deben promover políticas públicas orientadas a la pequeña producción, y en términos más particulares, orientadas a privilegiar la agricultura familiar campesina, agroecológica, además de la pesca y producción artesanal.

En las zonas ya degradadas, es necesario recuperar los suelos y reconstruir condiciones para la recuperación de los ecosistemas.

SOBERANÍA DE LA SALUD

El principio central es reconocer que la pérdida de salud tiene que ver con la alimentación, la degradación del entorno, las condiciones de trabajo, los cambios de estilos de vida, la presencia de factores contaminantes como la actividad petrolera, etc.

Las tres ‘S’ para sociedades saludables en el sumak kawsay, de acuerdo a Jaime Breilh, son: la soberanía, la sustentabilidad y la solidaridad. La propuesta es recuperar la salud o evitar la enfermedad como consecuencia del desequilibrio personal, social y ambiental dentro de un contexto de respeto y diálogo.

Se trata de mantener o recuperar los conocimientos tradicionales de las comunidades para vivir en armonía con el medio, eliminar fuentes de contaminación y otros procesos destructivos que generan pérdida de la salud.

Es necesario, además, recuperar y fortalecer las prácticas tradicionales de curación y las formas de prevención y el apoyo y unión de la comunidad para el cuidado de la salud y la sanación.

Pero esto no es suficiente, porque en las comunidades locales se han introducido enfermedades nuevas y desconocidas que los sistemas tradicionales no pueden curar. Para ello, es necesario que el Estado dote a la población de centros de salud bien equipados. En esos centros debería haber psicólogos, promotores sociales e incluso promotores de derechos humanos, para que la salud sea vista como algo más completo y no sea considerada solamente como medicalización. 
IMAGEN: Emindio


SOBERANÍA CULTURAL

Parte del principio de la interculturalidad. Es decir, reconocer que todos los pueblos tienen su propia matriz o raíz cultural, que incluye lenguas y saberes distintos que deben coexistir y desarrollarse en un marco de respeto mutuo y convivencia pacífica, bajo relaciones de poder equitativas.

Esto es importante para las poblaciones colonas que provienen de diversas partes del Ecuador. Estas poblaciones tienen un legado cultural propio y deben hacer un ejercicio de integración a las culturas tradicionales, manteniendo sus propias raíces culturales.

La soberanía cultural requiere abordar los temas de la educación en un sentido amplio que, por un lado dote de herramientas modernas de excelente calidad a la población, y por otro, recupere las culturas ancestrales que están reflejadas en sus relatos, leyendas, prácticas, ciencia y tecnologías tradicionales. Además, la educación debe fortalecer las formas organizativas comunitarias.

SOBERANÍA TECNOLÓGICA.

El patrón tecnológico construido alrededor del petróleo promueve la acumulación y la depredación, con una inmensa generación de desechos y con la crisis climática global. Sin embargo, a pesar de conocer los problemas que genera la expansión de las fronteras petroleras a niveles local y global, el consumo excesivo aumenta. Esto se debe a que alrededor del petróleo están articulados intereses empresariales y de poder que gobiernan el mundo.

Un cambio de sociedad demanda un cambio de patrón tecnológico, y para esto, recuperar e incentivar alternativas se convierte en una prioridad.

Gran parte de las bases, saberes y conocimientos alternativos están en manos de comunidades y pueblos que, por decisión o marginación, se han mantenido fuera del patrón tecnológico occidental y utilizan e inventan opciones para facilitar el trabajo productivo, además de consumir productos locales orgánicos.

Conviene reflexionar sobre la relación de las soberanías antes descritas con la tecnológica. Por ejemplo, si la energía solar es la fuente de la agricultura sustentable, la energía fósil (petróleo y derivados) es la fuente de la agricultura industrial. La soberanía económica, entonces, estaría bajo la influencia de las redes monopólicas tecnológicas. Se requieren nuevas tecnologías energéticas, de producción, consumo manejo de desechos y transporte.


Extracto del Documento: El Sumak Kawsay es sin petróleo


Denunciamos al pueblo ecuatoriano que el día sábado 14 de septiembre, 18 camionetas de la ENAMI, acompañadas de soldados y policías, han comenzado a ocupar la zona de Intag en la Provincia de Imbabura, donde los campesinos y pobladores resisten activamente contra la minería a cielo abierto y a gran escala, la cual han intentado imponer todos los gobiernos ecuatorianos desde los años 90. Esta presencia militar se ha producido sin que haya mediado declaratoria de estado de sitio ni de estado de excepción y se realiza en contra de la voluntad de las comunidades pacíficas que han interpuesto poderosas razones para oponerse a la destrucción de sus formas de vida con la explotación minera.


Este contingente militar y policial hace prever que la situación de militarización en la zona se irá agudizando, como está sucediendo ya en otros lugares frente a la resistencia de la población. Con seguridad se levantará un gran dispositivo propagandístico para acusar a las comunidades locales de rebelión y de terrorismo, con el propósito de justificar la política extractivista y represiva del Gobierno.


Como Asamblea Nacional Ambiental, en las elecciones presidenciales del año 2006, expusimos a todos los candidatos presidenciales nuestra propuesta de defensa del ambiente, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos, que incluía una propuesta clara de priorizar la economía popular y solidaria, el turismo comunitario-ecológico y la soberanía alimentaria. Rafael Correa se comprometió por escrito, con esta propuesta. Desde entonces hasta acá, hemos visto cómo se nos pretende imponer la minería a cielo abierto y a gran escala, se ha autorizado la explotación del Yasuní-ITT, se abren las puertas para la masificación de los transgénicos, deforestación de bosques primarios y destrucción de ecosistema manglar, desalojos de los pueblos ancestrales del manglar, de los pueblos del mar y de campesinos.


En el marco de la Asamblea Constituyente impulsamos la adopción de políticas ambientales y durante todos estos años hemos denunciado permanentemente la política de un gobierno que ha traicionado su propia palabra y que atropella la Constitución y los derechos de las comunidades y de los pueblos.


Todo en el marco de una fórmula que resiste cualquier análisis: salir de la pobreza a costo de la naturaleza, a pesar de que el modelo ya no resiste más, y más bien profundiza la pobreza. Salir del modelo primario, minero-exportador, promoviendo la minería a gran escala.


La presencia militar y policial en Intag busca amedrentar a las organizaciones locales e imponer bajo control militar el mecanismo de consulta previa, indispensable para legitimar y legalizar la explotación minera en Intag. La cosa se agrava en Intag: aproximadamente 18 vehículos de la ENAMI, entre militares y policías, intentan ingresar a la fuerza por Junín y por la comunidad de Barcelona para iniciar estudios de impacto ambiental.
Se alerta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas sobre la situación de amenaza que vive la población de Intag, debido al constante ingreso de policías y militares con el propósito de amedrentar permanentemente a la población.

Como Asamblea Nacional Ambiental demandamos:

1. El retiro inmediato de las fuerzas militares y policiales de la zona de Intag, el respeto a la integridad y a la vida de los pobladores, su derecho a la resistencia y decisión de no permitir la minería a gran escala en su tierra.
2. La presencia inmediata en la zona de los organismos de la sociedad civil, de la Cruz Roja y de las organizaciones de los derechos humanos, para que se levante un informe dirigido a la sociedad acerca de la situación.
3. El apoyo a los compañeros y compañeras que sienten una amenaza contra su vida y la de sus familias, que incluso ya tienen hasta órdenes de captura por defender su vida.

Exigimos se respete su vida y se detenga esta persecución.

BOLETÍN DE LA ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL SOBRE TEMA INTAG:

Organizaciones ecologistas, de pueblos indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, del manglar, pescadores, recolectores/as artesanales, organizaciones campesinas, de mujeres, de jóvenes y comunidades.

SOLIDARIDAD MILITANTE CON EL PUEBLO DE INTAG

El discurso más repetido hoy por hoy por las multinacionales mineras y los gobiernos auspiciantes de ellas es sin duda el de que en la actualidad la actividad ya no es más contaminante sino más bien «responsable» social y ambientalmente en sus operaciones, intentando hacer creer incluso que el resultado final de las aguas utilizadas luego de los tratamientos que las empresas realizarían será mejor que antes de iniciar sus operaciones.

Sin embargo, las experiencias recientes en Perú, Argentina y en otros países, donde se ha evidenciado con el tiempo los graves impactos de la minería en la salud humana y en la naturaleza muestran el otro lado de la moneda.

Este entendimiento motivó que al menos 30 activistas que cantando una adaptación del famoso tema “Latinoamérica” de Calle 13, irrumpieran la ceremonia de inauguración de la VI Feria Expominas en el Centro de Exposiciones Quito en Ecuador (país cuyo gobierno pretende abrir el paso a la megaminería a cielo abierto en zonas de alta sensibilidad) días atrás.

Ante la sorpresa de centenares de empresarios mineros, los activistas, en su mayoría mujeres, detuvieron el discurso inaugural.

“Tú no puedes comprarte Intag, Tu no puedes comprar Mirador, Tu no puedes comprar Kimsacocha, Tu no puedes comprar mi Ecuador” era los cantos de l@s activistas quienes vestían camisetas con el slogan: “Minería Responsable, Cuento Chino”.

Empresarios, curiosos, periodistas, modelos contratadas por las empresas, invitados y representantes de las diferentes carteras de Estado, escuchaban desconcertados.

Luego de que las activistas se retiraran, los organizadores intentaron minimizar el hecho, pero los presentes en la sala no dejaban de comentarlo.

Una de las activistas que venia de una de las posibles comunidades afectadas afirmó “en las exhibiciones, un representante de Kinross reconoció que si iban a afectar nuestra agua”.

Con una acción creativa, súbita y rápida las manifestantes mostraron su desacuerdo con la expansión de la minería en el país y con la firma el proyecto “Mirador” de explotación minera de cobre en la Cordillera del Cóndor, con la empresa china ECSA, así como el rechazo a la falacia de una minería sustentable.

“Pese a todos los intentos de parte del gobierno para incluir al Ecuador en el mapa minero internacional, lo concreto es que el país se ha endeudado, ha aumentado la conflictividad local y nadie se cree el cuento de una minería responsable” concluyó una de las improvisadas cantantes.


VEA LA ACCIÓN DIRECTA A CONTINUACIÓN.

Imágen superior, Panantza (Morona Santiago)
zona que el presidente Correa anuncia que podría ser
la 2º mina de cobre mas grande del mundo,
y en la inferior las actividades de la actual 1º mina
más grande del mundo en Chuiquicamata (Chile)

Con cada vez mayor frecuencia escuchamos a los sectores auspiciantes e interesados en la megaminería a cielo abierto en zonas sensibles del Ecuador hablar de que "estos serían llevados a cabo por multinacionales del ramo, expertas en "minería sustentable" "buena minería" y "minería responsable".

 Algunos de los ejemplos que muestran para intentar el favor de la opinión pública al respecto, son los casos de Australia, Canadá (insistiendo en este caso a pesar de que sus mineras han tenido conflictos en su país y a lo largo del mundo), Noruega y Chile.

En esta ocasión realizaremos un pequeño análisis del caso australiano y veremos que tan cierta y completa es la información oficial que se nos provee:

Australia contribuye con el 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EE UU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.

Sucede que las "soluciones de ingeniería y tecnología" (que nunca explican cuáles son) en Australia, es obvio que no han bastado, pues el país del sur impuso desde el 1 de julio del 2012 un impuesto de 17.3 euros por cada tonelada emitida de dióxido de carbono a las cerca de 500 empresas más contaminantes que son principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía, ya que emiten por sobre las 25.000 toneladas al año de CO2 al aire.

 Entendemos entonces que el ejemplo australiano no soporta un mínimo de análisis al igual que el ejemplo canadiense que los mismo grupo por-minería trata de impulsar sin que los sustentos puedan superar a los análisis.

El carbón (que en su campaña auspiciadora el Gobierno de Ecuador menciona como uno de los pilares australianos de "desarrollo") efectivamente es al momento un punto de dependencia en Australia, pues casi un 80 % de ese carbón se usa para generar electricidad, lo que se les "olvidó" mencionar es que Australia, tiene previsto cerrar para el 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente. 1

“El sector minero de Australia ahora se enfrenta a costos adicionales que no tienen en otros lados." expresaba meses atrás el director de la minera Rio Tinto Australia, David Peever. (Río Tinto es una de las empresas que deberán pagar por estar dentro del "selecto" grupo de las 500 más contaminantes de Australia. 2 . Sin embargo vemos que el mismo discursillo de "minería sustentable" y refiriéndose a esta "ejemplar" minera australiana usan en Chile para convencer a la opinión pública: “Como Gobierno Regional estamos apoyando la minería, pero sustentable, con respeto al medio ambiente”. 3

El capítulo de la "ejemplar" minería australiana tiene su broche de oro (ya que de ese mineral estamos hablando) con una pequeña revisión de los problemas que según el Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina, las mineras australianas tienen en nuestros países, entre ellos se citan casos como:
  • Aymara de Cancosa en Chile por la destrucción de vegas y bofedales de páramo andino para extraer agua por la minera australiana 4
  • Desplazamientos de comunidades indígenas, de flora y fauna, emisión de gases, ruido, y el uso del agua con sus efectos sobre el ciclo hídrico, en el Cerrejón y la Guajira (Colombia) 5 además de cerca de 200 indígenas wayuú asesinados 6


TEMA: AGUA

Aunque el video presentado en el enlace 251 7, resulta confuso, pues dice que se recuperará al menos el 90% del impacto ambiental, como el impacto ambiental no puede ser recuperable, asumimos que se refiere al agua, pues era el tema que se trataba en ese momento. Al respecto, empresas especializadas como Siemens de hecho, anuncian que es posible tratar hasta un 85% de esa agua para ser reutilizada en la minería.8 . El "pequeño detalle" que se le olvida anunciar a los auspiciadores de las multinacionales mineras y que si nos lo dice la CEPAL (la misma cuyos datos usó el gobierno para anunciar con bombos y platillos la disminución de la pobreza en nuestro país) es que esa agua tratada no sirve para usos agrícolas (peor para beber). El otro "pequeño detalle" es que no toda el agua contaminada es tratada, pues lo que no se menciona es la infiltración producida y que pueden ser absorvidas en los suelos 9.

En cuanto al consumo neto de agua podemos ver casos como la Minera Cerro Vanguardia en Argentina que utiliza un volumen de agua diario tres veces superior al que consume todo Río Gallegos (110,000 habitantes) cada 24 horas, 10

CONCLUSIONES:

Si utilizamos la definición de la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente citado en Ramírez et al, 2004: 55). (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común; para "sustentable" o "sostenible" que es "Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades" vemos que la aplicación de este término que se le intenta dar (no sólo en nuestro país) en cuanto a minería o industrias extractivas, no tiene ni pies ni cabeza pues barril de petróleo que se saca u onza que de oro o cobre que se extrae.... sencillamente ya no está mas... no puede ser "sostenible" en el tiempo. 

Parafraseando las palabras del narrador del video donde se trata el ejemplo de Australia y la "minería sustentable" : YA BASTA DE TANTA CHARLATANERIA.



La consulta previa es un derecho y un mecanismo de participación social, un proceso de carácter público, especial y obligatorio, no es una concesión de los Estados, menos aún de las empresas. La Consulta cumple con la necesidad de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios, o de otras colectividades y la ciudadanía en general, de exigir que su voz sea tomada en cuenta.


A pesar de que este derecho estuvo incluido en la Constitución de 98, consta en la actual Constitución y en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas; en el Ecuador no se ha conseguido su plena garantía dentro de los sistemas judicial y administrativo.

En mayo de 1998, Ecuador ratifica el Convenio 169 de la OIT y con esto incluye el derecho a la consulta previa en el derecho del país. Este Convenio en su artículo 6 establece que la consultas deben efectuarse de buena fe y de manera adecuada con el fin de llegar a un acuerdo o de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

En agosto del 98 entra en vigencia la nueva Constitución que incluye el derecho a la consulta previa para Pueblos Indígenas y el derecho a ser consultado en general.

Luego de 4 años de expedida la Constitución del 98,  Gustavo Noboa  expide el Reglamento de Consulta y Participación para la realización de actividades hidrocarburíferas. Este decreto era inconstitucional de fondo y forma y vaciaba de contenido el derecho a la consulta previa.

La incostitucionalidad de forma radica en que el Presidente podía reglamentar vía decreto una ley, no un derecho, este decreto no era un reglamento de aplicación de una Ley por lo tanto no podía reglamentar el derecho a la consulta previa.

Entre las inconstitucionalidades de fondo, el Decreto 3401 violaba el derecho a la consulta previa, el principio de soberanía y las obligaciones estatales de defender el patrimonio natural del país y de proteger el medio ambiente, violaba el derecho a la información, el derecho a la participación en los beneficios económicos generados por la actividad estatal, el derecho de reparación por perjuicios socio ambientales y violaba la prohibición de limitar derechos humanos sino es mediante una ley.

El 22 de abril de 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1040, el presidente Rafael Correa emite el “Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental”, dicho Decreto fue publicado en el Registro Oficial No. 332 el 8 de mayo de 2008, mientras aún regía la Constitución de 1998 y mientras estaba reunida la Asamblea Constituyente redactando la nueva Constitución.

El Decreto 1040 , que pasa a ser la regulación vigente en cuanto a la consulta previa a las nacionalidades indígenas, reduce el procedimiento para la participación en relación al decreto 1897 y repite varias de las inconstitucionalidades de forma y de fondo del decreto 3401 


Es importante mencionar que el artículo 9 de este decreto indica: [...] La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, [...] siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen  de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. Esto supondría que la actividad se realizará sin importar que la decisión de la nacionalidad indígena sea la de oponerse al proyecto.

El Decreto 1040 también reduce la consulta previa a un mero procedimiento de trámite en la ejecución de actividades extractivas ante las cuales las nacionalidades indígenas no tienen ninguna posibilidad de oponerse. Declara que las opiniones de las nacionalidades serán incluidas en la medida de que sean técnica y económicamente viables, y que en caso de que las personas de la nacionalidad afectada no acudan a los eventos de la consulta, se continuará con el proyecto, aunque también dice que serán inejecutables los proyectos en los cuales no se haya realizado el proceso de consulta, en ningún momento se refieren a la decisión de la comunidad.

Este es el reglamento que actualmente regula el derecho a la consulta previa de la población en general incluyendo a los Pueblos indígenas, y es el que correspondería aplicar antes del ingreso de las empresas petroleras al centro sur de la Amazonía, a pesar de haber sido elaborado bajo la Constitución anterior y por lo tanto ser completamente inconstitucional en la actualidad.

Pueblos de otros países como Perú, Bolivia tienen la misma lucha en los actuales momentos por hacer respetar su voz. Aunque la distancia los separa, el mensaje es el mismo, como un ejemplo al escuchar los siguientes spots, aunque parecieran ser hechos en Ecuador y el medio del país, resulta que es un programa realizado por la misma razón en Perú.

Sin Consulta Previa , No hay Democracia Seria 1
Sin Consulta Previa, No hay Democracia Seria 2

Fuentes: Alerta Verde, Boletin 163Campaña: Sin consulta previa no hay democracia seria

En Colombia se llama “la locomotora minero-energética” a la política -diseñada para toda América Latina- de extraer intensivamente minerales y petróleo, y construir represas para abastecer de energía sobre todo a los proyectos mineros.


Sin embargo, esa locomotora minero energética enfrenta muchos problemas. Sólo en lo que va del 2013 en Colombia se registran varios hechos graves. En enero, después de que una barcaza de la empresa Drummond naufragara y el carbón que transportaba cayera al mar, le fue retirada la licencia de embarque de carbón a la compañía. El 5 de febrero les fue negada la licencia a diversas empresas multinacionales para aumentar la extracción de carbón en la Guajira y el César; mientras el 7 de febrero empezó la huelga del sindicato de El Cerrejón de la HP Billiton plc (Australia), Anglo American plc (Sudáfrica) y Xstrata plc (Suiza). 

En Ecuador no se utiliza el nombre de locomotora, pero el modelo es el mismo y el frenazo también.


El frenazo aquí ha tenido momentos claves. En octubre del 2011, una consulta comunitaria que arrojó resultados del 93% de rechazo a la actividad minera, logró detener la actividad en Kimsakocha (páramo Tres Lagunas).


En Febrero del 2012 el informe de Auditoría emitido por la Contraloría General del Estado evidenció el incumplimiento de derechos constitucionales y normas tanto ambientales como de minería.

En marzo del 2012, ocurría la primera ocupación a una embajada China en oposición a la firma del contrato con la empresa Ecuacorriente, ECSA. Ese mismo mes arrancaba la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que después de 15 días de caminata llegó a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con la participación de más de 40.000 personas.

Dos meses más tarde, en Santa Isabel, provincia del Azuay, los campesinos e indígenas ocuparon el lugar en donde se pretendía “socializar el proyecto minero” y en su lugar organizaron un acto ceremonial de agradecimiento del agua. Allí, en un intento de frenar la resistencia, 17 hombres y mujeres fueron acusados de delitos contra el Estado bajo el cargo de “obstrucción de la administración pública”.

La locomotora atropella la justicia. Existen decenas de casos de criminalizados por defender el agua y los territorios comunitarios frente a la amenaza minera. Algunos han llegado ser sentenciados, como en el caso de Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, de quienes la Corte reconoce la validez de su lucha altruista y sin embargo dicta una condena de 8 días de reclusión, que está próxima a ejecutarse.

En octubre del 2012 ocurrió el primer paro de trabajadores de Ecuacorriente, empresa controlada por la China Railway Construction Corporation (CRCC) y el grupo Tongling Nonferrous Metals, tan solo 7 meses después de la firma de su contrato.

En enero del 2013, CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE, organizaciones de base de las zonas afectadas, organizaciones ecologistas y de derechos humanos presentaron una Acción de Protección de los Derechos de la Naturaleza frente a la actividad minera en la Cordillera del Cóndor.

En Colombia se dice que la contabilidad de las empresas mineras está equivocada al no restar los pasivos ambientales y que entonces también está mal medida la contabilidad macroeconómica. En Ecuador ocurre igual, estimaciones equivocadas, ignorancia en materia de impactos ambientales, proyecciones cargadas de fantasías cuando no de engaños.


La locomotora tampoco funciona en el Ecuador, a pesar de la invitación del presidente Correa a sus homólogos de Perú y Colombia, en noviembre de 2012, a unirse para combatir la oposición a la minería.

Reproducción solicitada : Boletín Acción Ecológica Opina.

Publicado originalmente : Dic. 2/2011
Republicado: Feb. 19/2013

Organizaciones, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas del continente, junto a académicos, investigadores, científicos, escritores, poetas, artistas, soñadores, amadores de la vida, que se reunieron meses atrás en Cuenca de Guapondelig (ciudad cañari) para defender el agua y la Pachamama y luego de intercambiar experiencias, reflexionar, debatir y construir propuestas que ayuden a  guiar un mejor andar por la Vida acordaron y con el objetivo de compartirlo con todas las personas del mundo la siguiente DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS DE ABYA YALA POR EL AGUA Y LA PACHAMAMA.


CONSIDERANDO:
  • La dimensión de la devastación ecológica y de nuestro hábitat humano, a consecuencia del modelo civilizatorio cuyo eje es el mercado y la acumulación de riqueza.
  • Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar y revertir esta barbarie expresada en el modelo extractivista y particularmente en la minería de gran escala, así como en la ampliación de la frontera petrolera que arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de servicios ambientales solapados en la figura de programas de conservación.
  • Que el extractivismo profundiza el modelo patriarcal capitalista, explota y contamina los territorios y los pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación a la hora de realizar consultas para los proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones. 
  • Que el Sumak Kawsay es la vida en armonía entre los seres humanos y la Pachamama de la cual es parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos andinos como una propuesta universal.
  • Que la agroecología es parte de la soberanía alimentaria y de la cosmovisión del Sumak Kawsay
  • Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella constituye un derecho humano, ratificamos la defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y de sus ciclos vitales, indispensables para la reproducción de la vida. 
  • Que la criminalización a personas y organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, se ha constituido en una política de Estado, que vulnera los derechos humanos y aquellos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales.
  • Que Obispos de nuestro continente, asumiéndose como Profetas de la Vida instaron con firmeza que en las intervenciones sobre la naturaleza "no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras..."
  • Que la Constitución del Estado Plurinacional del Ecuador garantiza la participación de las nacionalidades y pueblos con sus propias estructuras organizativas e institucionales para ejercer el derecho humano a la Comunicación desde un estado plurinacional.
DECLARAMOS:
  • A nuestra Abya Yala libre de minería metálica a gran escala, del saqueo y depredación.
  • A la intervención territorial y la destrucción que generan las corporaciones mineras como crímenes de Lesa Naturaleza.
  • Nuestra oposición a la expansión de las fronteras petroleras, a la construcción de refinerías y complejos petroquímicos.
RATIFICAMOS:
  • La resistencia y movilización permanente de los pueblos y nacionalidades del Abya Yala como legítima y sagrada y como el único camino de construcción del Sumak Kawsay. Consecuentemente declaramos el 11 de Octubre como el Día de la Libertad y Resistencia Continental.
  • Nuestro apoyo a los pueblos afectados por la explotación petrolera, reconocemos en su lucha la esperanza de abandonar la "civilización" petrolera, por la civilización del Sumak kawsay
  • La gestión comunitaria y pública del agua como garantía para preservar los derechos de la naturaleza y de las comunidades.
  • La importancia y el valor de los conocimientos y saberes ancestrales, como parte del acervo científico y cultural de la humanidad.
  • Que la Iniciativa Yasuní es una propuesta concreta a nivel global contra la crisis climática, para salvar a los pueblos libres que han recreado los bosques y salvaguardar una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Condenamos la intención de explotar el Yasuní conocida como Plan B.
EXIGIMOS:

  • La Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.
  • El cese de la explotación minera y de la ampliación de la explotación petrolera y minera, sobre todo la de gran escala, en nuestro continente. Que se restauren los sitios afectados por petróleo, minería y se devuelva su vocación natural.
  • El Derecho de los Pueblos indígenas y comunidades a continuar con sus formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras y territorios. 
  • La Consulta Previa, Libre e Informada como un derecho irrenunciable, expresión de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, cuya decisión debe ser tomada en cuenta y respetada. 
  • Poner fin a su complicidad y patrocinio de los gobiernos con los intereses de las empresas extractivistas nacionales y transnacionales, permitiendo la violación de derechos humanos y de la naturaleza. 
  • Poner fin a la criminalización de los y las defensoras de la naturaleza. 
  • La desprivatización y desconcentración del agua para su redistribución social.
  • Que los gobiernos de las Américas develen las negociaciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Agua, que encubren la privatización de las funciones de la Naturaleza y apropiación de los territorios 
  • Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los pueblos, su Soberanía Alimentaria y los Derechos de la Naturaleza. 
  • Que las universidades contribuyan a promover el Sumak Kawsay, a través de los encuentros de saberes y prácticas ancestrales, a la producción del conocimiento y la recreación de la ciencia con ética, soberanía y autonomía, libre de los conflictos de intereses de las transnacionales, comprometida con la defensa de la Vida y la Naturaleza.

NOS COMPROMETEMOS A:

  • Defender la vida y organizar la resistencia mediante todos los tipos de lucha (movilizaciones, denuncias públicas, etc.).
  • Constituir una plataforma legal para levantar acciones y denuncias ante organismos nacionales e internacionales contra las compañías mineras, causantes de la depredación y violación de derechos.
  • Impulsar acciones para derogar instrumentos jurídicos que facilitan la explotación petrolera y minera, así como la construcción de hidroeléctricas y otras obras de infraestructura destinadas al saqueo y devastación. Apoyaremos las acciones legítimas de los pueblos para impedir su operación.
  • Rechazar públicamente y de manera contundente el concepto de Servicios Ambientales, que constituye una expresión de la mercantilización de la vida. 
  • Entregar nuestro apoyo al pueblo Kichwa de Sarayacu en su proceso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Respaldamos su plan de vida Kawsay Sacha
  • Sostener la solidaridad y respeto con los Pueblos Amazónicos cuya tenacidad y testimonio vivo de las atrocidades cometidas por la Texaco/Chevron ha logrado sentencia favorable. Estaremos vigilantes para que la sentencia se efectivice
  • Respaldar a las comunidades Montubias de Río Grande en la Provincia de Manabí, para que se salvaguarde su integridad; la fuerza pública debe abandonar el territorio de estas comunidades.
  • Promover la aplicación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y la real aplicación del Convenio 169-OIT, así como de los instrumentos que amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta, Políticas Interculturales, etc.) 
  • Conformar comisiones (con colectivos de afectados y organizaciones de apoyo), para la vigilancia del derecho al debido proceso de las personas criminalizadas por el Estado y/o empresas por defender sus derechos y los de las comunidades.
  • Solicitar desde las organizaciones sociales la visita in situ al Ecuador de la Relatoría sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que constate la situación en que se encuentran las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. 
  • Crear un sistema informativo para que las comunidades afectadas por los megaproyectos cuenten con información sobre sus impactos, sus derechos y mecanismos de exigibilidad.
  • Impulsar el Sumak kawsay en las comunidades urbanas: formas de organización social, vivienda, comunicación, alimentación, transporte y energía limpia.
  • Impulsar espacios de formación popular, construir alianzas con maestras/os para que integren en el proceso educativo, información, exposiciones, charlas, conferencias, talleres itinerantes, etc. que generen conciencia y promuevan el Sumak Kawsay.
  • Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro mediante la realización de eventos locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones.

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