POR : Miguel Delgado C.

La Tierra y el Agua son factores clave en la producción campesina y comunal. Y constituyen, desde hace décadas, una fuerte disputa entre los grandes agronegocios y las familias rurales en todo el mundo. 


Según un informe de la ONU, entre 15 y 20 millones de has.  de tierras agrícolas de países en desarrollo han sido objeto de transacciones y negociaciones con inversionistas extranjeros desde 2006. Mientras los consorcios multinacionales buscan su privatización y acaparamiento, con el respaldo del Banco Mundial, las familias campesinas procuran mantenerlos como bienes comunes. En muchos países las corporaciones han negociado concesiones económicas de largo plazo para establecer plantaciones agrícolas y producir agrocombustibles, caucho y aceites. En zonas costeras, la tierra y los recursos marinos e hídricos son vendidos, alquilados, cedidos o despojados de sus legítimos dueños, a favor de inversionistas turísticos en detrimento de las comunidades costeras y de pescadores. 

No es de extrañar, que en el 2008, representantes de la II Zona de la Cámara de Agricultura (Guayaquil), convocó a comuneros de Santa Elena para proponerles la compra de 120 mil has. de tierras para la producir agrocombustibles, a cambio de un ínfimo valor y el ofrecimiento de trabajo remunerado. En ese mismo año, un grupo de inversionistas peruanos y chilenos, propusieron el respaldo de las autoridades locales para implementar la siembra masiva del piñón, sobre la base de un cultivo piloto de 2500 hectáreas y el compromiso de Petroecuador de su procesamiento. 

Las comunas de Santa Elena cubren el 90 % del territorio de la provincia, las cuales conforme a los títulos otorgados por el MAGAP representan más de 300 mil has. Esta es una condición especial de la provincia, que la distingue de otras del país; sin embargo, avanza el proceso de privatización desde el inicio de los regímenes neoliberales, por lo que en la actualidad en la península de Santa Elena existen más de 150 mil has. en conflicto (algunos con más de 20 años), y que en la actualidad han recrudecido pues la resolución de conflictos sobre tierras comunales pasaron del Ministro de Agricultura a los jueces y juezas de lo civil, en condiciones que el sistema judicial no garantiza la transparencia de los procesos judiciales, y por el contrario reactivó juicios y alentó nuevas invasiones sobre territorios comunales, con la complicidad, consciente o no, de ciertas autoridades y entidades del actual Gobierno. Uno de ellos , es dado por la orden de desalojo de tierras comunales en la comuna Montañita, en donde la comuna ha construido un complejo de cabañas comunitarias, el Consejo Provincial ha construido una concha acústica para eventos al aire libre, y el Ministerio de Turismo un punto de servicios de surf. Sobre las autoridades de la provincia, encabezados por la Gobernación, recae la responsabilidad de proteger y precautelar los legítimos intereses de los pueblos ancestrales de Santa Elena. 

CARÁCTER ANCESTRAL DE LA TIERRA 

Los comuneros de Santa Elena constituyen pueblos ancestrales aún a pesar de que abandonaron su vestimenta y lenguas originarias; sin embargo desarrollaron una nueva identidad, con una mezcla de sus creencias originarias, costumbres, y sobre todo, la posesión efectiva sobre la tierra. Así, por solo citar un ejemplo, hasta 1912 existió la denominada Antigua Comunidad de Indígenas de Chanduy, que poseían 6 titulos de propiedad comprados desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX a la Corona Española y que cubrían 90 mil hectáreas, que se extendían desde Chanduy hasta cerca de Guayaquil, y solo en ese caso, representa el 25% de la totalidad de la extensión de la actual Provincia de Santa Elena. 

El resguardo de la tierra ancestral, en el ejemplo citado, pasó inmediatamente a cargo de la Sociedad Obrero Democrática de Chanduy constituida para el efecto, en condiciones que la posesión efectiva de la tierra estaba en manos de los comuneros. Con la Ley de Comunas creada en 1937, se dio paso a la creación de comunas en toda población que supere las 50 personas. Los comuneros lo aceptaron como un mecanismo de defender su propiedad ancestral, y es así, que en el caso de Chanduy, por ejemplo, la Sociedad Obrero Democrática de Chanduy como autoridad reconocida por los comuneros, es la que se encarga de entregar la tierra y definir los linderos entre las comunas, antes de solicitar su inscripción formal ante la autoridad competente. 

Lamentablemente las investigaciones etnográficas, arqueológicas e históricas promovidas por el Estado y ONG’S, se concentraron en la sierra y amazonía ecuatoriana. Lo que restó la comprensión a propios y extraños de su identidad cultural, y debilitó la defensa de su patrimonio. A lo que se añade el abandono del que fueron objeto, en condiciones de degradación del ecosistema, deforestación y sequia, que forzó a muchos al éxodo de las tierras de sus ancestros. Esta actitud desaprensiva del Estado correspondió a un interés geopolítico y económico, pues grandes intereses empresariales de Guayaquil encabezaron el despojo de los comuneros de sus tierras en los últimos 28 años, a partir del Gobierno de Oswaldo Hurtado y del desarrollo de la infraestructura hidráulica del trasvase a la Península de Santa Elena por parte de CEDEGE. Paralelamente, estos grupos dominantes, falseando la historia, levantaron la creencia de que Guayaquil era el centro de poder de la cultura Huancavilca y se inventaron la leyenda de Guayas y Quil, para así legitimar su hegemonía sobre los verdaderos pueblos herederos de la cultura Huancavilca. Inclusive el INEC registra equivocadamente, según el Censo del 2001, que en Santa Elena la población es mestiza en más de un 90%. Por lo peyorativo que representaba para los comuneros autodefinirse como “indígenas”, se identificaron como “mestizos”, porque la encuesta no brindaba otra posibilidad, tal como “nativo”, “pueblo ancestral”, “originario”, o algo similar, que si correspondía a su autodefinición alcanzada hasta entonces.

Cabe señalar que el proceso de provincialización de Santa Elena, tiene un contenido étnico, que continúa profundizándose y que merece la atención desde las instancias competentes del Gobierno Nacional para su desarrollo creativo, y no se convierta en fuente de conflictos que puedan agudizarse, dada la incomprensión de la realidad de algunos actores de la institucionalidad pública.

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