Aunque el poder diga lo contrario, la criminalización no es un engaño social, la criminalización es una lamentable verdad.

Este es el primero de una serie de artículos que van desglosando la temática de la criminalización en el Ecuador y contextualizándola a nivel latinoamericano, mostrando el hilo conductor que se esconde detrás de esta política.

La criminalización en el Ecuador involucra a varios actores. Por un lado las víctimas: Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, es decir, campesinos, campesinas, indígenas, líderes y lideresas organizativos y comunitarios, todos de alguna manera se oponen a proyectos extractivos, como la mega minería o minería a gran escala, las represas, las hidroeléctricas, los monocultivos.

Por otro lado los actores de la criminalización: poderes privados empresariales y trasnacionales: empresas trasnacionales de mega minería, petroleras, hidroeléctricas, y grandes empresarios nacionales, que ejercen la criminalización en una asombrosa concordancia con otro actor: el poder estatal (gobierno, ministerios, operadores de justicia)

La criminalización y sus consecuencias no pueden ser reducidas a un tema de gobierno- oposición, es un tema que implica ampliar la mirada hacia ¿Cuál es el modelo de desarrollo, el modelo político, los mecanismos de participación que queremos para el Ecuador?

Para solventar estas inquietudes, el presente artículo abre una serie sobre la “Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza en Ecuador”, para aportar a un real debate sobre el tema, mirar su origen histórico, contextualizar sus implicaciones y mirar una salida desde el profundo respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, consagrados en nuestra Constitución.

1. Introducción

De Dayuma a Rio Grande

El porqué del interés de poner en consideración de organizaciones y activistas sociales, esta serie podemos encontrarlo haciendo un análisis de la serie de actos de represión que ha ejercido el gobierno en cinco años de ejercicio del poder en Ecuador.

En Noviembre de 2007, la policía nacional y el ejército arremetieron contra la población de Dayuma, que había bloqueado las vías de acceso a pozos petroleros en demanda de beneficios sociales. Esta acción armada de represión fue duramente cuestionada por diversas fuerzas políticas y organizaciones de derechos humanos.

El gobierno nacional, en ese entonces aún consolidándose y empeñado en bloquear la acción política de los sectores que tradicionalmente han ostentado el poder en el país, no tuvo más remedio que ceder a la presión de la crítica y organizar una comisión de investigación, la que determinó que las acciones de la policía el ejército eran «inaceptables».

Antes de Dayuma ya se habían vivido actos de represión que fueron ignorados por las organizaciones sociales debido a que aún se creía en la promesa de cambio que Rafael Correa había esgrimido durante su campaña electoral y los primeros meses de gobierno.

Cabe recordar que, en julio de 2007, dos meses antes de la represión de Dayuma, la policía ya arremetió contra las comunidades de El Descanso, Molleturo y Girón, que se habían levantado en defensa del agua, rechazando la presencia de la minera canadiense Iamgold, empeñada en ejecutar su concesión para la explotación de oro.

Después de Dayuma se dieron otros operativos de represión, durante los cuales el gobierno nacional fue perfeccionando sus mecanismos de negación de los hechos, denigración y criminalización de los liderazgos de la protesta social; así, una nueva represión a las comunidades de Molleturo, El Descanso y Girón, en enero del 2009, ya incorporó el enjuiciamiento a los dirigentes de estas comunidades. Juicios similares se instauraron luego a dirigentes de Nabón, que también se oponían a las actividades mineras en las inmediaciones de sus fuentes de agua.

La utilización de juicios contra los dirigentes de la protesta social, que se había intentado, sin éxito, llevar adelante con ciudadanos de Dayuma, poco a poco se perfilaba como la forma en que se podía controlar las acciones de descontento de la población frente a la política gubernamental.

En septiembre de 2009 se produjo la gran movilización nacional contra la denominada Ley de Aguas, que pretendía, y aún pretende, concentrar el control de las fuentes de agua en instituciones gubernamentales, sin la participación de actores sociales vinculados con el uso y administración histórica de este recurso.

La movilización del 2009 tuvo su mayor confrontación en Macas, en donde murió el profesor shuar Bosco Wisuma. El gobierno nacional, para este entonces, ya había aprendido mucho de cómo desvirtuar los hechos y criminalizar a las dirigencias; fue así como inmediatamente instauró sendos juicios penales a dirigentes shuar, en tanto que, para desmovilizar la protesta indígena, nuevamente apeló a la creación de una comisión de investigación, ya no con la buena fé con la que se pudo consolidar la comisión de Dayuma, sino con el objetivo de dilatar las investigaciones y buscar la forma de encausar la investigación a conveniencia del gobierno.

En la Comisión de Investigación del Caso Wisuma, los delegados del gobierno actuaron deslealmente, pues antes de cualquier conclusión de esta investigación, se adelantaron a publicar sus propias conclusiones, las que estaban encaminadas a buscar un culpable entre las filas indígenas, aunque para ello se haya recurrido a dar crédito a dos «testigos» que mintieron abiertamente.

Esta Comisión, hasta la fecha, no ha llegado a conclusión alguna; sin embargo, cada vez que el gobierno nacional se refiere a este caso, lo hace tergiversando los hechos y responsabilizando al movimiento indígena sobre lo sucedido en Macas.

 En junio de 2010, la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales se movilizaron en Otavalo, mientras en esa ciudad se realizaba la Cumbre de los Países del ALBA. Aún cuando en esta movilización no hubo mayores incidentes, la misma dio paso al enjuiciamiento de los principales dirigentes indígenas, a quienes se les acusó de sabotaje y terrorismo.

La figura de sabotaje y terrorismo es ahora la figura penal preferida por el gobierno nacional para enjuiciar a los dirigentes, buscando silenciarlos y desmovilizarlos.

Como ya se puede notar, el gobierno nacional se estaba especializando en reprimir y en ocultar las secuelas de esta represión; así nuevamente lo demostró en el operativo de desalojo de los pequeños mineros de Zamora, en septiembre de 2010. Este operativo fue complementado con el enjuiciamiento penal de Salvador Quishpe, Prefecto de Zamora, quien ni siquiera había estado en los incidentes producidos durante el desalojo de los mineros artesanales, pero que, para el gobierno, se tornaba imprescindible silenciarlo.

De esta manera se llegó al operativo de Río Grande, en octubre de este año (2011), después del cual el gobierno ya fue muy claro en demostrar lo aprendido durante los actos de represión anteriores, y que se puede resumir en lo siguiente:

El gobierno aprendió a controlar la información que puedan proporcionar los pobladores que son reprimidos. En Río Grande la policía confiscó las cámaras de video y cámaras fotográficas que tenían los pobladores y borraron las memorias de estas cámaras antes de devolverlas.

En Dayuma no se controló las cámaras y por eso salieron a la luz pública las imágenes que todos conocemos y que daban cuenta de la violencia con que actuaron los militares y la violación de los derechos humanos de esta población. En Río Grande, con mucha eficacia para borrar la realidad, se decomisó y borró la información que respalda los testimonios de sus pobladores; así se empezó a construir una realidad propicia para el gobierno, pero perversamente alejada de la realidad en sí misma.

En Dayuma tampoco el gobierno controló la información que pudieron difundir los medios de comunicación, pero en Río Grande ya no se dejó suelto este cabo, por eso se impidió que la prensa escrita, que los reporteros de radio y televisión, accedan al sitio de la represión; tampoco se dejó ingresar al delegado de la Defensoría del Pueblo, ni a delegados de otras organizaciones sociales.

Un tercer gran aprendizaje que el gobierno ha logrado en este periplo de represión desde Dayuma a Río Grande, es el mostrar de forma inmediata la supuesta popularidad de la que goza la propuesta gubernamental y la perniciosa equivocación en la que, también supuestamente, se encuentran los pobladores reprimidos.

En Dayuma todo se volcó contra un gobierno que no atinó a responder con una movilización de respaldo, así debió ceder a que se investigue el caso para bajar las voces que reclamaban sobre la violación de los derechos humanos de los pobladores de Dayuma.

Con este aprendizaje, ahora pudo adelantarse a las críticas consolidando una respuesta altamente mediática, como es el sacar en cadena de televisión los videos de testimonios sobre la cuestionada utilidad de la represa que se quiere construir en Río Grande; ha organizado también una marcha, aunque insipiente, pero que si se la muestra en televisión con cámara cerrada, es buena para sorprender a los que aún le creen.

El cuarto aprendizaje del gobierno es el arte de la denigración, el arte de desacreditar las voces críticas, y silenciarlas en función de juicos y más juicios. Es por esto que, con la presente investigación, nos proponemos poner en el debate público la represión gubernamental y el uso de la justicia como instrumento de represión; no solo para alertar sobre lo que está pasando en el país, sino para avivar las voces críticas, pues para retomar el proyecto político de cambio social por el que apostaron las organizaciones sociales ecuatorianas, es necesario retomar la voz crítica y denunciar cómo el proyecto político de cambio social ha devenido en un gobierno represor.

El gobierno, para sostener su mentira, deberá silenciar miles de voces y cientos de organizaciones; no dudamos que intentará hacerlo, pero tampoco dudamos que quienes defendemos los derechos humanos mantendremos nuestras voces a cualquier precio.

Luis Ángel Saavedra
Coordinador Ejecutivo de INREDH

Fuente: lalineadefuego.info

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