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Justicia Económica para obtener recursos sin explotar el Yasuní

Desde el discurso oficial, la explotación del Yasuní es indispensable para que el país obtenga recursos para avanzar en su desarrollo; si es así, el PLAN C (elaborado por CDES) de Redistribución de la Riqueza y salvaguardar a los indígenas aislados debería ser una propuesta alternativa válida a la cual los ciudadanos deberíamos apoyar para llamar la atención del gobierno de que sabemos que la explotación del ITT no es un muro insalvable.



Partiendo de la premisa de que contrarrestar la pobreza en Ecuador no depende de la explotación del Yasuní-ITT, pues ésta es resultado de estructuras injustas de distribución del ingreso y que no es posible superar el subdesarrollo sin afectar la excesiva concentración de la riqueza. 

Este razonamiento ha sido realizado incluso por el mismo presidente Rafael Correa: 

“Esta pobreza no es consecuencia de la escasez de recursos, sino, básicamente de sistemas inadecuados, sistemas perversos (...) estamos en uno de los países campeones mundiales de la desigualdad.” (El Ciudadano, 8 mayo de 2012).

Las cifras son muy claras al respecto, durante el 2012 el 20% más acaudalado acaparó el 52,5% del ingreso y, en contraste, el 20% más pobre sólo se benefició del 4,1% del mismo.

A pesar de ello, actualmente el gobierno nacional promociona un nuevo discurso sobre el “combate a la pobreza”, que prescinde de la necesidad de profundizar cambios para una mejor redistribución de la riqueza y, en su lugar, argumenta que es necesario obtener nuevos recursos petroleros para contrarrestar la escasez económica. Este nuevo discurso fatalista asegura que hay que elegir entre el mal menor, planteando falsamente: explotación petrolera o mayor pobreza para el país.

Este argumento tiene como objetivo justificar el inicio de operaciones petroleras en la reserva natural Yasuní que (de acuerdo a información oficial)[2]  es considerada una de las áreas más biodiversas del planeta y lugar de tránsito de pueblos indígenas no contactados. 

Así pasamos del Plan A (que buscaba la conservación del Yasuní, impulsado primero por los movimientos sociales, y luego recogido acertadamente por el gobierno de Rafael Correa), al Plan B que consiste en la intención del gobierno de iniciar operaciones petroleras. 

Pero, también existe la propuesta de la implementación de un Plan C, que sostiene: transformar las estructuras injustas de distribución de la riqueza para no explotar el área del ITT Yasuní y aún así conseguir los recursos necesarios.

El Plan C considera incrementar los recursos provenientes de los grupos económicos más grandes del país que pagan impuestos bajos en relación a la carga tributaria de la región y que además son una fuerte salida de divisas nacionales. Por ejemplo, el SRI informó que en el 2012 salieron 22 000 millones fuera del país, de los cuales 2 230 millones fueron hacia paraísos fiscales, esto representa mucho más que los 730 millones de dólares por año que se estiman obtener por la explotación del Yasuní. 

Brecha del ingreso por estratos sociales

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Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo - INEC


Con todos los límites que son visibles, es necesario remarcar que durante el gobierno actual se redujo más la inequidad social como resultado de las mayores reformas redistributivas. 



Pese a ello, actualmente estas reformas están en peligro: se ha cambiado la prioridad de una política fiscal progresista (o progresiva, es decir, orientada a que paguen más lo que más tienen), hacia una política regresiva, que empieza a dar señales de inclinarse en favor de la supuesta necesidad de generar un ambiente atractivo para la inversión extranjera. 

Esta tendencia es sorprendente, puesto que el propio gobierno ha visto cómo las reformas redistributivas han dado buenos resultados para la mayoría de la población, aunque todavía se encuentran muy distantes de haber agotado sus posibilidades de redistribución que, por demás, fueron limitadas.

Podríamos llegar así a dos conclusiones: en primer lugar, la redistribución ayuda a sacar a la población de la pobreza, incluso cuando se trata todavía de reformas timoratas; en segundo lugar, hasta ahora las políticas públicas no han logrado ser del todo satisfactorias, pues no generaron resultados muy diferentes de los alcanzados por los gobiernos neoliberales (Noboa, Gutiérrez, Palacios) que compartieron una creciente estabilidad económica con una tendencia al alza de los precios internacionales del petróleo.


ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN POCOS GRUPOS ECONÓMICOS

Si con el actual crecimiento económico los resultados sociales fueron insuficientes, del otro lado, los resultados para las grandes empresas asentadas en Ecuador mostraron altas tasas de ganancia para los propietarios más acaudalados, generando una economía alarmantemente concentrada. El ingreso y los activos productivos se encuentran en pocas manos.

Información del último Censo Económico determina que las empresas más grandes, que representan el 10% de todos los negocios del país, acapararon el 95,8% de todas las ventas que se realizaron en el año 2010. Diferentes sectores del mercado están controlados por pocas empresas, que en ciertos casos llegan a niveles de control similares al monopolio.

Ejemplos de control del mercado interno en la economía del Ecuador

(cuota de mercado)


Sector
Controlan el mercado
Resto del Mercado
Comerciantes alimenticios agroindustriales (supermercados)
50% (Corporación La Favorita)
31% (Corporación El Rosado)
10% (Megasantamaría)
9% (otros)
Elaboración de aceite
92,22% (dos empresas)
7,78% (otras)
Carnes
62,16% (Pronaca)
37,84% (otros)
Elaboración de productos de molinería
71% (cinco empresas)
29% (335 empresas)
Elaboración de productos lácteos
61% (cinco empresas)
39% (436 empresas)
Productos de higiene (jabón, detergente, perfumes, preparados para limpiar y pulir)
76% (dos empresas)
24% (88 empresas)
Fabricación de productos textiles
61% (nueve empresas)
39% (1 493 empresas)
Comunicaciones
42,15% (Conecel/Claro)
31,88% (Otecel/Movistar)
25,97% (otros)
Fuente: Martín & Varela (2012). Censo Nacional Económico 2010, INEC, SENPLADES.


Quienes controlan el mercado son grandes empresas que a su vez pertenecen a grupos económicos vinculados a unas pocas familias de las capas privilegiadas de la población. En tanto estos grupos tienen un mayor control del mercado, disponen también de poder para imponer sus condiciones en la producción y circulación de la economía, y de esa manera procurarse mayores tasas de ganancias sobre sus inversiones.


La autoridad tributaria del Ecuador (SRI) muestra alguna evidencia contundente del alto peso de estos grupos sobre la economía. Los ingresos de los 110 grupos económicos más grandes del país equivalen al 62% de todo el PIB. Estos ingresos crecieron 9% entre el 2011 y el 2012, llegando a sumar más de 40.000 millones de dólares.

Sólo los 10 grupos económicos más grandes (entre ellos, Banco del Pichincha, Andes Petroleum, Eljuri, La Favorita y Banco de Guayaquil) tuvieron en el 2012 ingresos superiores a los 12 mil millones de dólares.



El poder económico del país está estrechamente relacionado al control que disponen las multinacionales. Entre los 110 grupos económicos, existen 408 sociedades que se han registrado como extranjeras, y de éstas la mitad son sociedades que se encuentran domiciliadas en paraísos fiscales de manera que son difíciles de controlar para las autoridades tributarias.


CUÁNTO APORTAN LOS GRUPOS ECONÓMICOS AL ESTADO

A pesar de que los grupos económicos incrementaron su peso relativo en el conjunto de la economía nacional, su carga fiscal del Impuesto a la Renta (IR) disminuyó en relación a sus ventas, es decir, pagaron una proporción menor de impuestos en relación al incremento de sus ingresos. 

Esta carga fiscal pasó de 2,14% en el año 2011 a 2,01% en el año 2012. Esto significa una reducción del 6,18% de sus impuestos aunque sus ingresos ascendieron 9%. Sin embargo, la menor carga del IR se compensó por un incremento de la carga fiscal del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) que pasó de 0,45% en 2011, a 0,86% en 2012.


En ese sentido el Ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, anunció que el Gobierno se encuentra realizando esfuerzos para reducir la carga tributaria del sector empresarial con la intención de incrementar la inversión para impulsar el cambio de la matriz productiva (El Ciudadano, 6 de julio de 2013). Para ello dio a conocer que la carga tributaria sobre las ventas totales de todas las empresas se redujo de 2,06% en 2011 a 2,05% en 2012. 


PLAN C: A REDISTRIBUIR

El argumento central del Plan C es que la pobreza en sí no es un problema que dependa únicamente del volumen de ingresos del Estado, sino de cómo éstos se distribuyen.

Por este motivo, desde distintas voces de los movimientos sociales se han generado varias propuestas que tienen como principio la necesidad de democratizar la actual economía altamente concentrada, mejorando la distribución del ingreso y el acceso a los activos productivos (tierra, agua, crédito, maquinaria, bienes, etc.).

En estos últimos meses hemos escuchado, entre otros: eliminación de subsidios a los segmentos de población de altos ingresos y protección a los segmentos de bajos ingresos; declaración de interés nacional o nacionalización de activos económicos de los colosos de la economía; impulsar reformas laborales que garanticen un mayor ingreso para las familias de los trabajadores; o, como estamos sosteniendo en esta propuesta, impulsar una reforma de todo el régimen fiscal que procure cobrar a quienes más tienen, etc.

En este mismo sentido, es necesario subrayar la demanda por el acceso a la tierra y el agua que ha venido exigiendo el movimiento indígena y campesino del país. Ejemplos de cómo se puede avanzar en esta dirección son la aprobación de una ley de tierras que facilite el acceso a la propiedad para los campesinos, o una ley de aguas que desprivatice y desconcentre la gestión y provisión del líquido, al mismo tiempo que garantice la gestión comunitaria del agua. Estas medidas son urgentes si consideramos que menos del 1% son representantes de familias poderosas que acapararon el 51% de las hectáreas de tierra, mientras el 99% de familias campesinas deben distribuirse el 49% restante. En cuanto el acaparamiento de agua el 1% de usuarios pertenece al sector privado y reciben el 67% del caudal, en cambio, el 86% de usuarios pertenecen a sistemas de riego comunitario y reciben tan sólo el 13% del caudal.[6]

Otro ejemplo puntual de redistribución, consiste en aumentar la carga tributaria sobre los 110 grupos económicos, que fueron los “mayores” beneficiarios del crecimiento y de la estabilidad económica experimentada durante los últimos años. Actualmente la carga tributaria sobre las ventas de los 110 grupos más ricos es de 2,9%. Si sólo incrementáramos esta carga en un 1,5%, podríamos obtener por lo menos 2.000 millones de dólares “extras” a lo que se piensa recaudar, en el mismo período de tiempo (25 años), por la explotación del Yasuní.

Resultados de la propuesta
Valor actual neto del Plan C
               20.585,3 USD
Valor actual neto por explotación del Yasuní
               18.292,0 USD
Superávit por la diferencia entre Plan C – Explotación Yasuní
                 2.293,3 USD


Bajo el estimado de que los grupos económicos pagaron un Impuesto a la Renta del 22% (impuesto sobre utilidades), un aumento como el que estamos proponiendo del 1,5% de carga tributaria sobre las ventas, equivale a un Impuesto a la Renta del 38%, es decir un 16% adicional al actual porcentaje que dispone pagar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esto es todavía una carga tributaria sobre utilidades baja respecto a lo reportado en la región, sólo mayor a Paraguay (35%) y Chile (28%).

Este gobierno ha recibido los mayores ingresos petroleros en la historia del país, pero estos recursos no ayudaron de manera significativa a superar las condiciones de pobreza porque la renta petrolera no sirvió para cambiar el modelo de acumulación. De enero 2007 a enero 2013, se generaron ingresos petroleros corrientes por 51.497 millones de dólares, cifra mayor en seis años a los 41.769 millones de dólares corrientes que se esperan recibir por la explotación del Yasuní en 25 años.


Es necesario redistribuir los ingresos mediante diferentes mecanismos. Este gobierno ha probado que medidas de este tipo son posibles, por ejemplo, cuando hizo que el sector bancario pague el incremento del bono de desarrollo humano, cuando renegoció la deuda externa o cuando obligó a las compañías petroleras privadas a cambiar los tipos de contratos de participación a contratos de prestación de servicios con mayores beneficios para el Estado. 


Todas estas reformas se realizaron sin que la economía se desestabilice como suelen argumentar los promotores de la inversión extranjera privada. Finalmente se demostró que las empresas no se fueron y que se puede transformar las condiciones de distribución de manera más favorable para la mayoría de la población.

Creemos firmemente que no podemos renunciar a este tipo de medidas que aún no han sido exploradas lo suficiente. Debería ser tiempo de propuestas, de alternativas y debate. 

No hay que olvidar que este es un tema fundamentalmente ético, no se puede sacrificar derechos humanos en nombre de las finanzas, hacerlo resulta en barbarie, más aún cuando existen muchas alternativas socialmente justas. Si la explotación es, tal y como asegura el gobierno, para las políticas de desarrollo social, ¿por qué no aplicar este Plan C más coherente con la igualdad social y los derechos humanos?

Para leer la propuesta completa, favor visitar el sitio web del Centro de Derechos Económicos y Sociales.

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