Comunicado de prensa: Amnistía Internacional.
Las autoridades están usando el sistema judicial de Ecuador para reprimir a los líderes indígenas y campesinos, en lo que parece ser un intento deliberado para evitar que protesten contra las medidas que afectan a su medio ambiente y a sus tierras, ha señalado Amnistía Internacional días atrás en un informe.
El informe “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador? examina las historias de 24 líderes que han sido víctimas de lo que parecen ser acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias y rigurosas condiciones de fianza simplemente por hacer campaña contra las leyes y las políticas que regulan el uso de los recursos naturales.
Se enfrentan a un total de 20 cargos por terrorismo, 10 por sabotaje, 4 por obstrucción de vías y 1 por homicidio, todos ellos relacionados con protestas que tuvieron lugar en 2009 y 2010. En muchos casos, las detenciones y los cargos han sido desestimados por los jueces al carecer de fundamentos. Sin embargo, en el momento de redactar esta nota, 8 de los 24 están todavía siendo investigados, tienen procesos judiciales abiertos o se encuentran sujetos a restricciones. En este momento, ninguno se encuentra en prisión.
“El hecho de que 24 líderes se enfrentaran a cargos dudosos en un periodo de 18 meses demuestra la existencia de un panorama preocupante, que está teniendo un efecto escalofriante sobre comunidades enteras que ahora se lo piensan dos veces antes de expresar su legítimas preocupaciones acerca de las medidas que les afectan”, ha declarado Tamaryn Nelson, investigadora para Ecuador en Amnistía Internacional.
“En vez de entablar un diálogo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades cuyos medios de vida se verán afectados por las leyes y políticas propuestas por el gobierno, las autoridades están echando mano de cualquier herramienta para disuadirlas de expresar su desacuerdo.”
Muchos líderes fueron detenidos en intentos policiales de dispersar a los manifestantes. Otros han vivido durante años con la amenaza de la detención pendiendo sobre sus cabezas, porque se han emitido órdenes de detención, pero no se han ejecutado. En algunos casos, se han impuesto condiciones de fianza que los obligan a presentarse ante las autoridades, generalmente cada 7 o 15 días, y les prohíben viajar al extranjero.
Ecuador es el 5º productor de crudo en América Latina y estos proyectos han tenido un impacto negativo sobre los derechos humanos que han dado lugar a conflictos con las comunidades locales. El gobierno ha anunciado recientemente su intención de llevar la minera en gran escala a Ecuador, lo que ha provocado más conflictos con las comunidades locales.
En junio de 2010, los líderes indígenas Marlon Santi y Delfín Tenesaca fueron acusados de terrorismo tras participar en una protesta durante la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y se abrió una investigación. Según los informes recibidos, los únicos indicios contra los activistas son un par de esposas extraviadas que un oficial de policía informó haber perdido. En el momento de redactar esta nota, los dos activistas llevan sometidos a investigación por un delito de terrorismo durante casi 2 años.
Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de mantener el orden público y de investigar cualquier delito que se haya podido cometer en el contexto de una protesta. Sin embargo, demasiado a menudo los líderes indígenas y campesinos se han visto sometidos a investigaciones y procesos judiciales sin fundamento, lo que plantea la duda de si estos actos responden a motivos políticos.
“La política del gobierno de continuar impulsando cambios sin llevar a cabo una consulta adecuada con las comunidades afectadas tiene el riesgo de situar a Ecuador en una dinámica de continuo conflicto social”, ha afirmado Nelson.
El Estado tiene la obligación de consultar adecuadamente con las comunidades afectadas antes de adoptar medidas que afecten a sus derechos humanos. Es más, donde haya novedades significativas relativas a proyectos que afecten a los medios de vida de los pueblos indígenas, el Estado debe garantizar el derecho de éstos a dar su consentimiento libre, previo e informado.
Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de Ecuador para que garanticen que cualesquiera leyes, políticas y medidas potenciales que afecten a comunidades pasen por un proceso de consulta con esas comunidades antes de que se tome una decisión. Además, la organización insta a Ecuador a que promueva, proteja y respete el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Para ello, debe cesar en su uso inadecuado del sistema judicial contra los líderes indígenas y campesinos para disuadirlos de que expresen sus legítimas preocupaciones y demandas.
Índice AI: PRE01/333/2012