Ballenita Si

Con el convencimiento de que es necesario no solo protestar sino construir alternativas, convencer y ganar alianzas para implementar cambios de fondo que pongan al centro del discurso público a  la Amazonía Viva, en todas sus formas de vida,  la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica) convoca e invita a participar en forma directa o virtual de la II Cumbre Regional Amazónica “Plan de Vida Plena frente al Desarrollismo e IIRSA” que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta  (Colombia) del 13 al 15 de Diciembre y luego al IX Congreso Ordinario de la COICA el 16 y 17 del mismo mes.

La cuenca amazónica sudamericana es esencial para el destino de la humanidad y los pueblos indígenas asumen en este momento histórico una vez mas la responsabilidad de defenderla, ya que han sido estos pueblos quienes lohan hecho por miles de años y en apenas 200 años las transnacionales y los Estados  la están destruyendo, amenazando la sobrevivencia indígena, popular y de la humanidad.

Son crecientes, impredecibles e indetenibles las gigantescas inundaciones, intensas sequías, incendios forestales incontrolables, grandes represas, supercarreteras que destrozan todo y atraen invasiones masivas de colonos, la contaminación de metales pesados de pozos y oleoductos, la remoción de riberas y contaminación eterna con mercurio y arsénico de la minería, las mafias de tala ilegal consentidas e impunes, la expansión de la palma aceitera, biocombustibles y agroindustria, las plantaciones de monocultivos, la biopiratería y la avalancha de piratas del carbono que aprovechan la complicidad estatal con la ilusión de un “mercado privado de carbono”. 

Los Pueblos en Aislamiento Voluntario, tambièn conocidos como "ocultos" o "no contactados" del Ecuador y su situaciòn actual y perspectivas futuras serà el eje principal del Conversatorio que se desarrollarà este jueves 24 de Octubre desde las 10 de la mañana en el Museo "Amantes de Sumpa" en la capital de la provincia de Santa Elena.

Eduardo Pichilingue, ex - coordinador de las Medidas Cautelares (una medida de protección) otorgada por la CIDH - Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos tagaeri y taromename y actual Coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador es el invitado a este conversatorio que pretende otorgar mayores elementos de juicio a la comunidad peninsular respecto a este tema de gran interès nacional.

El evento es gratuito y abierto a todo el pùblico con un enfoque especial a estudiantes universitarios especialmente de las carreras de Organizaciòn y Desarrollo Comunitario, Derecho, Gestiòn y Desarrollo Turìstico y de Ingenierìa en Petròleo.

Frente a esta situación, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas plantea:

• Marco general:

1. Reconocer y respetar la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente nuestros derechos a los territorios y bienes naturales, de conformidad con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
2. Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles, respetando los procesos basados en la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
3. Reconocer, respetar y fortalecer la contribución fundamental de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.
4. Revisar las concepciones de desarrollo basadas en la acumulación de riquezas que acentúan la explotación sin límite de los bienes naturales.

• Visión compartida:

1. Adoptar marcos concretos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como seguimiento al Protocolo de Kioto, cuyo primer período de compromisos vence este año.
2. Una reducción de emisiones de por lo menos 45% bajo los niveles de 1990 para el 2020 y de por lo menos el 95% para el 2050.
3. Medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

• Transferencia de tecnología:

1. El conocimiento es universal y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad y utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Los países desarrollados deben compartir su tecnología con los países en desarrollo.
2. La transferencia e instalación de tecnologías debe ser inmediata, oportuna, libre de costo alguno, en armonía con la Madre Tierra y sin condicionalidades.
3. El régimen de derechos de propiedad intelectual debe modificarse para garantizar el acceso a tecnologías limpias de mitigación y adaptación, con participación de fondos públicos. Debe incluir la develación de la fuente de origen de los saberes ancestrales, el consentimiento fundamentado previo y la participación equitativa en los beneficios.
4. Establecer un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias y socialmente adecuadas.
5. Establecer un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
6. Incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas y garantizar la participación de expertos indígenas.

• Adaptación y mitigación:

1. Garantizar el respeto, la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales y los modos de vida sostenibles de los pueblos indígenas. Incluir salvaguardas ambientales y sociales de los pueblos indígenas, incluyendo aspectos culturales y espirituales.
2. Políticas y fondos públicos que prioricen el reconocimiento territorial integral de los pueblos indígenas. Reconocer y promover los sistemas propios de los pueblos indígenas en el uso, manejo y conservación de los bienes naturales.
3. Toda acción de mitigación y adaptación debe incorporar los conocimientos y tecnologías de los pueblos indígenas, sujeto a su consentimiento previo, libre e informado y a la vez garantizar la participación de expertos indígenas.

• Financiamiento:

1. Todo mecanismo de financiamiento para la mitigación y adaptación del cambio climático debe ser establecido bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático y deben proporcionarse recursos directos para los pueblos indígenas.
2. Establecer mecanismos participativos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los procedimientos y operaciones de financiamiento. Los recursos deben proceder de fuentes públicas y ser adicionales a los fondos de ayuda al desarrollo.
3. Establecer un fondo especial que permita a los pueblos indígenas y comunidades locales desarrollar sus propias actividades y contribuciones para remediar el cambio climático.
4. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo de al menos 6% de su producto bruto interno para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo.
5. El financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la libre determinación de las comunidades y grupos más afectados.
6. Las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, deben quedar fuera de la administración de los fondos creados y a crearse.

• Mercados de carbono y mecanismos conexos:

1. Abandonar las soluciones falsas al cambio climático que impactan de manera negativa en nuestros derechos: energía nuclear, las represas hidroeléctricas masivas, técnicas de geoingeniería, el “carbón limpio”, los agrocombustibles, las plantaciones, los mecanismos de mercado de carbón, los Mecanismos para el Desarrollo Limpio y la compensación de bosques.
2. Las soluciones basadas en la lógica de mercado, tanto los referidos al mecanismo de desarrollo limpio como las propuestas de REDD+, constituyen nuevas formas de geopolítica económica que amenazan los derechos indígenas garantizados en múltiples instrumentos internacionales y los medios de vida de nuestros pueblos.
3. REDD+ debe garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas, los modos tradicionales de vida y la gobernanza consuetudinaria de los bosques.

De esta manera se dá un paso adelante en las intenciones del Gobierno Nacional por explotar el bloque ITT y obtiene, varios meses después de haber ingresado al bloque 31 recién la declaración de interés nacional.

En este primer debate legislativo los "padres de la patria" oficialistas también negaron un planteamiento para que la Asamblea Nacional ordene al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular.

El pronunciamiento de la Asamblea según su web oficial es "a favor de aprobar una explotación técnicamente responsable, defendiendo los derechos de las nacionalidades y pueblos no contactados, así como la protección de la naturaleza y que los recursos que genere sean orientados a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos".

Para llegar a esta importantísima decisión, el pleno de la Asamblea se remitió al informe entregado por la Comisión de Biodiversidad y que ha sido ampliamente criticado por las diferencias en el trato que se le daba a los expositores; así, a los ministros de Estado y otros funcionarios de Gobierno se les otorgaba mínimo 30 minutos de exposición, preguntas de los asambleístas, respuestas y repreguntas; mientras que para las organizaciones que defienden la tesis de mantener el petróleo bajo tierra, las reglas eran otras: 15 minutos de exposición y nada de preguntas por parte de los asambleístas.

Para Erin Lurrain del colectivo Resiste Yasuní, esta decisión es "sólo parte del circo con el que pretenden hacernos creer que existe un debate, cuando en las imágenes vemos que ni siquiera se tomaron la molestia de atender a los expositores del más alto nivel que explicaban las razones más que suficientes para no realizar actividades extractivas en territorio de pueblos no contactados".

La misma web de la Asamblea anuncia que "las observaciones serán remitidas a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se encargará de la sistematización y la elaboración del informe para segundo debate".

La sesión que concluyó pasadas las 20h30, fué acompañada en las afueras de la Asamblea por los colectivos que defienden mantener el petróleo bajo tierra en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta; la manifestación de apoyo (fuertemente cuestionada por ser supuestamente una acción pagada) ya se había retirado varias horas atrás.

LA ASAMBLEA VUELA, LA CORTE DUERME EN SUS LAURELES

La  "rapidez y eficiencia" con que la Asamblea ha demostrado en este tema específico dar sus conclusiones, contrasta con la forma en que en la Corte Constitucional se maneja la solicitud de realizar una consulta popular sobre el tema y que fué presentada casi un mes atrás.

Por : Guadalupe Rodríguez (Directiva de Salva la Selva)

El Parque Yasuní en la amazonía ecuatoriana es uno de los lugares más biodiversos del mundo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa recientemente decidió por decreto realizar la explotación petrolera en el último de sus rincones. La cruda realidad es que ha dado un paso más hacia la destrucción de la Amazonía, proceso ya en marcha desde todos los frentes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a sus Estados miembros a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas de las Américas con motivo de la celebración de su día internacional, el pasado 9 de agosto.

La CIDH pidió "el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial" porque se encuentran en una situación de "alta vulnerabilidad", dijo el organismo en un comunicado.

"La falta de protección de sus derechos humanos implica un riesgo grave a su vida e integridad física, cultural y espiritual", insistió la nota.

"Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas habitan regiones de la selva amazónica y del Gran Chaco en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela", recordó la CIDH.

La Comisión explicó que sus territorios son "a menudo" zonas donde se realizan actividades de extracción de recursos naturales, tanto de manera legal como ilegal, y sufren explotaciones agrícolas y ganaderas.

"Estas actividades (petroleras y mineras) en general constituyen una amenaza a la vida e integridad de estos pueblos, ya que pueden propiciar el contacto, con todas las consecuencias que esto implica para su salud y pervivencia física y cultural", agrega.

La Comisión llama a los Estados miembros a defender a estos pueblos que no cuentan con "defensas inmunológicas contra enfermedades comunes" y cuyo contacto con los pueblos desarrollados puede ocasionar daños tanto en su identidad cultural como en su salud, causando "epidemias que pueden causar la desaparición de pueblos enteros".

"Los pueblos en aislamiento voluntario ejercen su derecho a la libre autodeterminación manteniéndose alejados de las sociedades mayoritarias. El respeto a este derecho y al principio de no contacto es esencial para asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida e integridad", apunta.

"Los Estados deben aplicar especial cuidado al adoptar medidas para garantizar territorios de suficiente extensión y calidad a pueblos en aislamiento voluntario, y tienen el deber de adoptar medidas preventivas de salud pública culturalmente apropiadas para preservar la vida e integridad de los pueblos indígenas", insiste la CIDH. 

La ONU (Organización de Naciones Unidas, de la cual Ecuador forma parte) conmemora este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo con un fuerte llamado a los estados para que cumplan los acuerdos y compromisos existentes con esas comunidades , de hecho el tema 2013 es “Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos”.

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, fué establecido en 1994 durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995 – 2004).

Estos pueblos han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos.

Por miedo a la persecución, a menudo se convierten en refugiados, y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales.

En Ecuador actualmente son varios los indígenas acusados de terrorismo utilizando la misma figura de persecución de las dictaduras de ultraderecha de los años 70.

Es urgente la toma de conciencia por parte de la sociedad en general del llamado al mantenimiento y al fortalecimiento de las identidades culturales, enfatizando su derecho a acceder al desarrollo en base a sus propias necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas.

La ONU indica que el tema de este año  «Pueblos indígenas construyendo alianzas: En honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos constructivos», quiere subrayar la importancia de los tratados entre los Estados, sus ciudadanos, y los pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas.

Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó a los Estados a incrementar sus esfuerzos para respetar los tratados que protegen a los pueblos indígenas.

“Incluso si los tratados fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, éstos siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de estos pueblos”, dijo Pillay en un comunicado con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La alta comisionada recordó que estos documentos a menudo permitieron poner fin a períodos de conflicto, explotación y expropiación, por lo que instó a los gobierno a honrarlos y respetarlos.

“Sin embargo, en demasiadas ocasiones las comunidades indígenas se ven obligadas a recurrir a los tribunales para forzar a los Estados a que cumplan sus promesas”, añadió.

En Ecuador, el pueblo kichwa de Sarayaku exige por ejemplo el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre un caso de abuso estatal ocurrido en un gobierno anterior. Al respecto, esta sentencia indica que debe existir la disculpa por parte del estado, a pesar de esto el Presidente ha manifestado que no irá a Sarayaku a ofrecerlas porque "los dirigentes de Sarayaku se han portado muy mal", sectores que apoyan la lucha de Sarayaku han calificado esta decisión de "orgullo, prejuicio o resentimiento".

Mientras tanto en el país se mantienen las posiciones de los pueblos indígenas que exigen en este día que se haga honor a los tratados y acuerdos que el Estado ha realizado con ellos.

Dibujo realizado por un niño  de la amazonía ecuatoriana

Pacific Rubiales, empresa canadiense formada por venezolanos, se la relaciona en Colombia a pérdida del territorio de pueblos indígenas, permeabilización cultural y fragmentación, pérdida de valores, pobreza, miseria y violencia generalizada. En el 2011, estalló una huelga pro parte de los trabajadores que pedían estabilidad laboral, salario digno, libertad de asociación, seguridad industrial, entre otros. Al conflicto, el gobierno colombiano se vió obligado a darle "trato de guerra" (3) por el despido de más de 1,500 trabajadores por parte de la empresa. El siguiente enlace (4) proporciona una amplia bibliografía sobre los conflictos de la Pacific Rubiales en Colombia, donde opera los campos de mayor producción de ese país. 

El gobierno del Ecuador debe hacer más para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas (en este caso el del pueblo kichwa de Sarayaku) si es que su intención es cumplir plenamente con el fallo de una corte internacional, ha manifestado Amnistía Internacional. 

Justamente hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que Ecuador debe disculparse, consultar y recompensar al pueblo kichwa de Sarayaku por un proyecto petrolero que dañó sus tierras ancestrales y puso sus vidas en peligro en la región amazónica del Ecuador.

"Aunque han habido algunos avances en la implementación (de las medidas dispuestas por la Corte), el gobierno de Ecuador todavía tiene que pedir disculpas al pueblo de Sarayaku y regular adecuadamente el derecho a la consulta previa. Se les debe dar el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de que los proyectos en su territorio siguen adelante ", dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.

 "El gobierno también tiene que acelerar la eliminación segura de las 1,4 toneladas de explosivos de alto grado que la compañía petrolera dejó en su tierra, de acuerdo con los deseos de la comunidad. "

 El fallo de la CIDH en Julio del 2012 fue aclamado como un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país y en toda la región.

 "El dictámen dio a Ecuador la oportunidad de dar un ejemplo para toda la región sobre cómo evitar nuevas violaciónes de derechos humanos como la que vivió el pueblo de Sarayaku ", dijo Guadalupe Marengo.

 "Ecuador debe cumplir plenamente el fallo de la Corte e introducir una legislación progresista, en consonancia con las normas internacionales y sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado. " 

La CIDH determinó que el pueblo kichwa de Sarayaku no había sido consultado adecuadamente sobre un proyecto petrolero realizado por la  argentina Compañía General de Combustibles en su territorio en la Amazonía ecuatoriana. Dijo que el Estado había violado el derecho de la comunidad a la propiedad, a la identidad cultural y puso la supervivencia de la comunidad en riesgo.

 En el 2012 el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que proporciona un marco normativo para la consulta previa en las zonas afectadas por los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, Amnistía Internacional no cree que dicho marco está en consonancia con las normas internacionales. 

"Este decreto no fue consultado y acordado con los pueblos indígenas, de conformidad con las normas internacionales y muchos de ellos han expresado serias dudas sobre el proceso de consulta que ha tenido lugar hasta la fecha" dijo Marengo. 

A finales de noviembre del 2012 Ecuador inició un proceso de licitación pública para la apertura de grandes áreas de la región suroriente de la amazonía para nuevos bloques petroleros. Las compañías petroleras de todo el mundo han sido invitadas a presentar ofertas con el fin de llevar a cabo la exploración y explotación de petróleo. El proceso de licitación de contratos sigue abierto. 

El caso Sarayaku 

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tiene una población de 1.200 personas , sus territorios ancestrales se encuentran en un área remota de la región amazónica del este de Ecuador. 

En la década de 2000 una compañía petrolera ocupó parte del territorio ancestral de la comunidad.. El Estado ecuatoriano había otorgado permiso a la empresa para buscar petróleo sin consultar previamente a su pueblo.

 Durante varios meses el personal de la empresa, acompañado de efectivos del ejército ecuatoriano y guardias de seguridad privada, llevaron a cabo detonaciones, talaron árboles, cavaron más de 400 pozos y enterraron  más de 1,4 toneladas de explosivos de alto grado; además de la contaminación del medio ambiente con el ruido de los helicópteros que desplazaban personas y explosivos.

La gente de Sarayaku respondió elevando las denuncias a nivel nacional e internacional y, finalmente, lograron que la empresa abandonara el proyecto. Pero las autoridades fallaron al no pedir disculpas y prestar la reparación por el impacto que el proyecto de exploración tuvo en la vida de la comunidad, peor aún en hacer compromisos para evitar abusos similares.
Después de agotar todas las vías legales internas de reparación y garantía de no repetición, Sarayaku decidió llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En julio de 2012, los jueces fallaron a favor de Sarayaku.

 El pueblo kichwa de Sarayaku y Amnistía Internacional co-produjeron el documental Hijos del Jaguar sobre la lucha de la comunidad para defender sus derechos. La película ganó el premio de "Mejor Documental" en el 2012 de la National Geographic All Roads Film Festival.  
 El pueblo de Sarayaku y Amnistía Internacional proyectaron el pasado 25 de julio la película, en asociación con otras organizaciones nacionales e internacionales organizaciones no gubernamentales, para conmemorar el primer aniversario de la sentencia CIDH.

Traducción de nota de Amnistía Internacional